La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH) condenó la “desaparición forzada” de los religiosos católicos por parte de la dictadura de Nicaragua, que en los últimos días arreció la persecución contra la Iglesia.
Por medio de redes sociales, la entidad de las Naciones Unidas dijo que la ola de ataques violenta garantías fundamentales de los ciudadanos apresados, o secuestrados como les consideran los opositores del régimen.
#OACNUDH condena la desaparición forzada del Obispo Isidoro Mora en #Nicaragua desde hace 8 días y la nueva ola de detenciones de religiosos. Además de atentar contra su libertad personal, violarían el derecho a la libertad religiosa, pilar de cualquier Estado democrático.
— OACNUDH (@OACNUDH) December 28, 2023
“La OACNUDH condena la desaparición forzada del obispo Isidoro Mora en Nicaragua desde hace 8 días y la nueva ola de detenciones de religiosos. Además de atentar contra su libertad personal, violarían el derecho a la libertad religiosa, pilar de cualquier estado democrático”, dice el mensaje.
Sólo el 28 de diciembre, la dictadura detuvo a monseñor Carlos Avilés y a los sacerdotes Héctor Treminio y Fernando Calero, de acuerdo a las denuncias de colectivos que velan por los derechos humanos en Nicaragua.
Los arrestos, sin fundamento de acuerdo a las denuncias, son parte de la escalada de ataques que mantiene el régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica, que mantiene en prisión a monseñor Rolando Álvarez y en la que ha confiscado cuentas bancarias, universidades administradas por congregaciones religiosas y la prohibición incluso de las populares posadas navideñas.
A los últimos sacerdotes detenidos de manera forzada, los habrían sometido porque en sus homilías y oficios oraban por Álvarez, condenado a 36 años de cárcel bajo una cuestionada acusación de complot contra el Estado.
Daniel Ortega y Rosario Murillo, los dictadores de Nicaragua, rompieron relaciones con el Vaticano y aunque pregonan ser religiosos, no sólo han atacado a la Iglesia, sino también ordenaron someter protestas populares y el asesinato de más de 300 ciudadanos y han anulado todo intento de disidencia con cárcel, destierro y confiscaciones de bienes.