La organización de defensa de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, alertó en Guatemala que hay un peligro para los manifestantes que se han lanzado a las calles y que ha sometido al país centroamericano a una crisis social con el objetivo de salvar la democracia y exigir al Ministerio Público el cese a su intromisión ante el Tribunal Supremo Electoral.
“Las declaraciones realizadas el lunes 9 de octubre, indicando que “los bloqueos son ilegales”, y es de suma preocupación anunciar distintos tipos de medidas contra quienes participan, convocan o apoyan estas protestas, incluidas órdenes de aprehensión”, dice Amnistía Internacional en una misiva enviada al presidente de Guatemala, Alejandro Giammatei.
Además, Amnistía dicta recuerda que, “miles de personas se han echado a las calles para protestar contra las acciones judiciales emprendidas contra agentes clave del reciente proceso electoral, entre ellos autoridades electorales y miembros del partido ganador. Piden la dimisión de la fiscal general y de otras personas del Ministerio Público, que han abanderado estos procesos penales”, dicta en una comunicación compartida el día de ayer.
El organismo señala que, tanto el gobierno como el Tribunal Constitucional, han hecho declaraciones y han tomado decisiones que “ponen en peligro el derecho de protesta pacífica y podrían favorecer el empleo de la fuerza contra manifestantes”. Motivo por el que Amnistía hace un llamado e insta a las “autoridades guatemaltecas a garantizar el derecho de protesta pacífica”.
Sobre las declaraciones compartidas, son una amenaza latente a los derechos de reunión pacífica y a la libertad de expresión, “ya que estigmatizar a los manifestantes, ignorar el uso de protestas pacíficas por parte de los pueblos indígenas y amenazar a quienes participar o apoyar protestas con represalias”.
El organismo le recuerda al gobierno guatemalteco que los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la reunión pacífica, por lo que determinar restricciones en este sentido, que incluye el uso de la fuerza, van en contra el derecho internacional, las cuales ya están claramente establecidas. Esas acciones claramente establecidas, en el derecho internacional deben de ser excepcionales, necesarias, proporcionadas y lo menos disruptivas posible.
Señala que se deben de promover ambientes que propicien que no condicionen ni limiten el derecho a la reunión pacífica sin discriminación, sobre todo con las personas que pertenecen a movimientos o conglomerados que sufren y experimentan discriminación, como la población minoritaria que son los indígenas.
“Señor Presidente, lo insto a respetar y garantizar el derecho de reunión pacífica de quienes participan en las protestas en Guatemala, sin temor a represalias. En particular, lo insto a garantizar que las autoridades guatemaltecas se abstengan de utilizar el derecho penal, el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes o cualquier otra medida ilegítima para restringir las protestas pacíficas”, dicta Amnistía.