Analistas e investigadores proponen plan de sanciones internacionales contra dictadura de Nicaragua

En medio de la persistente crisis sociopolítica que asola Nicaragua desde 2018, bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, un grupo de analistas e investigadores hizo una propuesta de sanciones como parte de una estrategia más amplia para ejercer presión sobre el gobierno autoritario. 

Esta iniciativa, presentada durante el foro del medio Expediente Público: “Sanciones internacionales como medio para provocar cambios en regímenes autoritarios”, celebrado este jueves en San José, Costa Rica, busca impactar de manera directa en el círculo de poder nicaragüense, atornillado en el poder desde 2007.

Desde el 2018, Nicaragua ha sido testigo de violaciones continuas de derechos humanos, exacerbando una situación ya precaria en el país, ante lo cual Estados Unidos y la Unión Europea han respondido con sanciones individuales e institucionales contra el régimen y sus servidores, involucrados en la represión contra la población civil.

Poca aplicación de sanciones

La llamada “Nica Act”, aprobada por el Congreso de Estados Unidos a finales de 2018, buscó imponer sanciones a altos funcionarios nicaragüenses y a aquellos implicados en tales violaciones, así como condicionar los préstamos de organismos internacionales a Nicaragua.

La Ley Renacer, por su parte, surge como una respuesta más reciente y reúne un mandato del Congreso de Estados Unidos con el propósito de revisar diversos aspectos, desde el Tratado de Libre Comercio hasta investigar la injerencia rusa en Nicaragua.

Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, manifestó que las medidas han sido insuficientes en la medida que no siguen una estrategia articulada para garantizar su cumplimiento.

Según el investigador, una evaluación de siete aspectos que buscaban enderezar las sanciones arroja que de 70 puntos de medición, solo 25 podrían acreditarse a los resultados.

En el análisis realizado por Expediente Abierto y expertos, se destaca la importancia de las sanciones individuales, que apuntan a personas, entidades y sectores específicos para evitar crisis humanitarias.

Más de 1,000 sancionados

Hasta la fecha, Estados Unidos ha sancionado con restricción de visas a más de 900 personas, sanciones directas a 46 funcionarios y 11 entidades, involucradas en corrupción, lavado de dinero y violación de derechos humanos.

El listado lo encabeza Murillo y sus 4 hijos, además de jueces, magistrados, diputados, fiscales, ministros, policías y militares.

Los expertos, como el investigador Julio Martínez, señalan que la experiencia de sanciones ha sido efectiva cuando restringen y señalan a los autores de abusos, limitando la capacidad represiva y advirtiendo a los actores bajo escrutinio.

Sin embargo, advierte que, debido a la falta de una estrategia de coordinación para darle continuidad a las acciones, la dictadura de Ortega ha podido esquivar algunas e implementar medidas para “capear” los efectos.

En este contexto, los expertos plantean la necesidad de abordar el flujo de recursos económicos hacia el régimen de Ortega, metiendo presión a organizaciones financieras internacionales como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Centroamericano de Integración Económica y otros.

Piden revisar exportaciones de productos claves

El plan propone objetivos claros como revisar las exportaciones de carne, textiles y otros dentro del acuerdo de libre mercado entre Estados Unidos y Centroamérica, así como una hoja de ruta para la eliminación de sanciones, asegurando que el sujeto sancionado conozca las acciones a tomar para su levantamiento.

Aunque se reconoce que las sanciones no garantizan automáticamente transiciones hacia la democracia, los expertos subrayan su poder como parte integral de una estrategia más amplia que busque debilitar la estructura política-militar de la dictadura, afectar a sus bases y presentar una alternativa política clara al régimen.

Enrique Sáenz, exdiputado y analista, explicó que las sanciones “no tenían como objetivo botar a Ortega”, sino debilitarlo y frenar la represión, cosa que a su criterio no ha ocurrido del todo porque no ha habido una estrategia de seguimiento a las medidas implementadas.

Para el diputado, “estas acciones podían haber sido más efectivas, pero las acciones aisladas tienen impacto aislado. No han tenido una estrategia por detrás. No han seguido la ruta del dinero”, dijo.

María Laura Alvarado, otra de las exponentes del debate, activista de la Unidad Nacional Azul y Blanco, precisó que debe entenderse y comunicarse a la población insatisfecha con la dictadura “que las sanciones no sacan a una dictadura”.

Alvarado sugirió una política coordinada por parte de las organizaciones y liderazgos de la oposición, así como aumentar la coordinación sobre la narrativa para “explicar el tipo de régimen que tenemos. Nos enfrentamos a un régimen talibán”.

Los 10 aspectos del debate sobre sanciones

El debate y análisis sobre el sobre las sanciones propuestas y aplicadas contra el régimen autoritario de Nicaragua, se enfocó en 10 puntos claves.

1. Herramienta de Presión: Las sanciones son consideradas una herramienta dentro de una estrategia más amplia para ejercer presión sobre el círculo de poder en Nicaragua.
2. Cumplimiento de Sanciones: Aunque se han propuesto medidas como la Nica Act y la Ley Renacer de los Estados Unidos, solo se han cumplido 25 de los 70 puntos medibles en estas leyes.
3. Nica Act y Renacer: La Nica Act busca imponer sanciones a altos funcionarios nicaragüenses y otros involucrados en violaciones de derechos humanos, así como condicionar préstamos de organismos internacionales a Nicaragua. La Ley Renacer incluye mandatos como la revisión del Tratado de Libre Comercio, investigar actos de corrupción y analizar la injerencia rusa en Nicaragua.
4. Enfoque en Sanciones Individuales: Se sugiere que las sanciones más efectivas son aquellas que restringen y señalizan, es decir, aquellas que limitan la capacidad represiva y envían señales a los actores vigilados. También se plantea limitar el financiamiento para armamento y sancionar económicamente a personas vinculadas al régimen.
5. Hoja de Ruta para Eliminación de Sanciones: Es importante establecer una hoja de ruta para la eliminación de sanciones, de modo que el sujeto sancionado sepa qué acciones debe tomar para que se le levanten las sanciones.
6. Experiencia en Venezuela y Rusia: Se mencionan ejemplos de sanciones en Venezuela y Rusia para ilustrar cómo estas medidas pueden tener diferentes impactos y desafíos.
7. Evaluación de Sectores Económicos para Sanciones: Se sugiere evaluar los sectores clave de la economía, como la exportación de carne bovina y otros productos, para determinar qué sectores podrían ser objeto de sanciones.
8. Limitaciones y Desafíos: Se reconocen los desafíos políticos y económicos asociados con la implementación de sanciones, incluida la preocupación de los inversores y empresas estadounidenses.
9. Eficacia de las Sanciones: Se señala que hasta el momento, las sanciones han tenido una eficacia limitada en el caso de Nicaragua, lo que resalta la complejidad y los desafíos de este enfoque.
10. 10Consecuencias Políticas y Económicas: Se subraya la importancia de estar preparados para abordar las preocupaciones políticas internas sobre el impacto de las sanciones en la economía de los Estados Unidos.

Otros actores que piden sanciones

Aparte de los expertos que debatieron el tema, otras organizaciones y personalidades han pedido aplicar sanciones al régimen sandinista, señalado de responsable del asesinato de 355 personas desde el inicio de las propuestas de 2018.

Por ejemplo, la organización política opositora Monteverde, solicitó sanciones al régimen y sus funcionarios, incluyendo a la cúpula militar que sostiene por la fuerza al dictador Ortega. Si bien su jefe, el general Julio César Avilés ya ha sido sancionado junto a otros mandos, los opositores consideran que la institución debe ser sancionada completamente, como ocurrió con la policía.

Esta semana en el foro de Naciones Unidas, el canciller de Ortega, Denis Moncada, clamó por el fin de las sanciones contra la dictadura a la que sirve.

Estados Unidos respondió diciendo que las políticas de sanciones se sostendrían: el subsecretario adjunto del Departamento de Estado, Eric Jacobstein, anunció en un foro de donantes de Centroamérica en Costa Rica, que continuarían en tanto la dictadura de Ortega y Murillo siguen violando derechos humanos, confiscando propiedades privadas y atacando a la Iglesia Católica, sociedad civil y población general.

Antes, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, Jon-Michael Simon, recomendó un aumento de las sanciones desde la comunidad internacional a instituciones nicaragüenses que violan dentro y fuera del país el derecho a la educación de disidentes y otras personas perseguidas.

Esto a raíz de que las investigaciones revelan que la dictadura de la familia Ortega-Murillo siguen cometiendo delitos de lesa humanidad.