Arresto de viceministro guatemalteco reaviva conflicto entre la Presidencia y el Ministerio Público

Tras algunas semanas de relativa calma en la guerra entre Bernardo Arévalo y Consuelo Porras, la guerra se volvió a desatar este miércoles. Por un lado, el Ministerio Público sostiene que hay causales para el arresto del funcionario; por el otro, el presidente vuelve a referirse al papel de la fiscalía como desmedida y política.

Bernardo Arévalo saluda a la fiscal general, Consuelo Porras (fotografía de archivo).

El arresto del viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas, Luis Pacheco, ha intensificado la ya tensa confrontación entre el presidente Bernardo Arévalo y el Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, figura fuertemente cuestionada por sectores que la acusan de actuar con fines políticos y antidemocráticos.

Pacheco, quien presidió la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán durante las movilizaciones que se extendieron por más de 100 días en 2023 en defensa de la democracia, fue capturado este miércoles junto a Héctor Manuel Chaclán Batz. Ambos están sindicados por los delitos de asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia.

Las autoridades del MP ofrecieron una conferencia de prensa este miércoles para aclarar el alcance del caso, que se encuentra bajo reserva judicial. Según el fiscal regional metropolitano, Dimas Jiménez, “la investigación no está enfocada en los 48 Cantones como organización, sino en personas que manifestaron ser parte de ella y que habrían participado en actos planificados con un propósito colectivo”.

“En este caso, podemos advertir que hubo una planificación previa. Hubo bloqueos focalizados con un propósito colectivo. Ese propósito no necesariamente era conocido por todas las personas que estaban bloqueando, sino por determinadas personas que hoy están siendo objeto de investigación”, explicó Jiménez, reiterando que no se está criminalizando a la comunidad indígena en su conjunto.

Por su parte, Klayber Sical, fiscal contra el crimen organizado, aseguró que actualmente hay cinco órdenes de captura relacionadas con estos hechos, de las cuales dos ya fueron ejecutadas. “No puedo indicar los otros nombres, por razones obvias. Son únicamente las que tenemos medios de investigación y permitimos realizar las órdenes de aprehensión”, sostuvo.

Ángel Pineda, secretario general del MP, también trató de contener la creciente ola de críticas: “Este no es un caso en el que se está criminalizando el derecho de manifestación ni la libertad de expresión. Lo que ha hecho la fiscalía es individualizar a cinco personas específicas. No es cierto que hay cientos de órdenes de captura. No hay que caer en esa campaña de desinformación”.

Ante el arresto, Arévalo volvió a referirse a los círculos corruptos en el MP y denunció el proceso como una persecución política. 

“Es momento de cerrar filas. El pueblo de Guatemala así lo demanda. Hago un llamado claro al Congreso: tienen la responsabilidad de poner fin a esta persecución desmedida y que atenta directamente contra el pueblo de Guatemala”, expresó el mandatario en un mensaje en redes sociales en el que compartió un  video de casi 6 minutos de duración que contiene sus declaraciones de hoy.

Su postura de defensa a los movimientos sociales que impulsaron su llegada al poder.

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