La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó la creación de una póliza pagada por el Estado para cubrir responsabilidades patrimoniales y gastos de representación legal en procesos judiciales por actuaciones en el marco de sus funciones.
Con 51 votos a favor, los diputados avalaron la creación de esta póliza a través de una reforma a la Ley General de Policía para garantizar una cobertura de responsabilidades patrimoniales de hasta 23.1 millones de colones ($50,000 ) equivalentes a 50 salarios base.
Mientras que, el monto de cobertura para representación legal sería de 11.5 millones ($222,000) que equivalen a 25 salarios base por procesos judiciales resultado de sus actuaciones en relación a sus funciones, por lo que, la iniciativa evita que los agentes asuman los gastos a título personal, cuando respondan a mandatos estatales.
La iniciativa contó con el respaldo de los votos del oficialismo con Pueblo Soberano (PPSO) y de la oposición con Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
La póliza sería un beneficio aplicado para los agentes que actúen en cumplimiento de sus funciones, por lo que, quedarían fuera de aplicación quienes actúen bajo los efectos del alcohol o drogas.
Tampoco se aplicaría la póliza para quienes actúen de forma contraria a la ley, y quienes se aparten del cumplimiento de protocolos, instrucciones o procedimientos institucionales para sus actuaciones en intervenciones de personas o bienes.
Pueden renunciar al beneficio
El texto aprobado en primer debate señala que los agentes policiales también tendrán el derecho de renunciar a la póliza y solicitar representación legal ante la Procuraduría General de la República, con un defensor público.
Una de las objeciones al proyecto es del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, pues indicó que el proyecto no señala la fuente de financiamiento de la póliza.
