Asamblea salvadoreña deroga prohibición y aprueba Ley General de Minería Metálica

La aprobación de la minería ha desatado una ola de críticas encabezadas por la jerarquía católica y organizaciones ambientalistas.

Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este lunes la Ley General de Minería Metálica, poniendo fin a la prohibición vigente desde 2017. La medida, respaldada por la bancada oficialista Nuevas Ideas y sus aliados del PCN y PDC, desató protestas y críticas de sectores sociales, ambientales y religiosos que consideran la decisión un grave retroceso para el país.

La normativa fue discutida durante el fin de semana en una comisión legislativa y sometida a votación el 23 de diciembre en una sesión plenaria. Los partidos opositores Arena y Vamos rechazaron el proyecto, calificándolo como una amenaza para el medio ambiente y la salud pública.

Mientras se desarrollaba la sesión, grupos de manifestantes se congregaron frente a la Asamblea Legislativa para expresar su descontento. Paralelamente, diputados de la oposición alzaron pancartas con mensajes como “No a la minería”, reflejando la creciente preocupación por los riesgos ambientales y sociales que podría traer la reactivación de esta actividad en el país.

La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, defendió la aprobación de la ley argumentando que busca garantizar el bienestar de los salvadoreños a largo plazo. Según explicó, la normativa incluye estudios técnicos que permitirán identificar zonas aptas para la minería sin comprometer recursos hídricos ni ecosistemas.

Sin embargo, voces opositoras como las de Cesia Rivas, de Vamos, y Marcela Villatoro, de Arena, cuestionaron estas garantías. Rivas señaló que la ley prioriza intereses económicos sobre la salud y seguridad de la población, mientras Villatoro calificó la normativa como un “regalo de muerte” al pueblo salvadoreño en vísperas de la Navidad, advirtiendo que podría envenenar los recursos hídricos del país.

Por su parte, William Soriano, diputado de Nuevas Ideas, destacó los posibles beneficios económicos de la minería, citando datos del Banco Mundial que estiman un retorno de tres a cuatro dólares por cada dólar invertido. Soriano subrayó que los ingresos generados podrían destinarse a proyectos de infraestructura, educación y salud, fortaleciendo la economía del país.

Reynaldo Carballo, del PDC, se unió a la defensa del proyecto, argumentando que los metales son esenciales para el desarrollo tecnológico y que los avances actuales en extracción minera permiten minimizar el impacto ambiental. Según Carballo, la ley es clave para garantizar el acceso a recursos necesarios para la vida moderna.

La diputada Dania González también respaldó la medida, asegurando que la normativa impulsa el desarrollo de economías locales y prioriza un equilibrio entre explotación minera y protección ambiental. González afirmó que el gobierno no repetirá los errores del pasado y garantizará un manejo responsable de los recursos naturales.

Finalmente, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, sometió la ley a votación, logrando su aprobación con los votos de la bancada oficialista y sus aliados. Aunque el pleno celebró la decisión con aplausos, el rechazo por parte de organizaciones sociales, ambientales y religiosas continúa creciendo, marcando un nuevo capítulo de tensión en el debate sobre el futuro ambiental y económico de El Salvador.

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