Con un año cumplido en el poder y con, quizá, más tropiezos y obstáculos de los que esperaba, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, reiteró su compromiso de nombrar al próximo fiscal general de la República, subrayando que es sólo “cuestión de tiempo” para concretar este cambio.
Esta afirmación cobra relevancia en el contexto de tensión entre el Ejecutivo y la jefa del Ministerio Pública, Consuelo Porras, quien ha sido señalada por obstaculizar procesos de justicia y mantener prácticas que favorecen la impunidad. Ella, además, es considerada corrupta y antidemocrática por Estados Unidos y la Unión Europea.
Arévalo, en una entrevista exclusiva con eP Investiga, destacó la importancia de recuperar la independencia de las instituciones de justicia como parte de su plan de transformación nacional.
“La transformación consiste en recuperar las instituciones para que funcionen y den los resultados que la gente necesita”, sostuvo el mandatario, haciendo referencia a la necesidad de depurar el Ministerio Público (MP).
La relación entre Arévalo y Porras ha sido particularmente tensa desde el inicio del mandato presidencial.
Porras ha sido criticada tanto a nivel nacional como internacional por presuntas acciones que obstaculizan la lucha contra la corrupción. Diversos sectores de la sociedad civil han exigido su destitución, sin embargo, Arévalo ha insistido en seguir los canales legales para concretar este cambio.
El mandatario ha presentado iniciativas de ley ante el Congreso para reformar la Ley del Ministerio Público, con el objetivo de establecer condiciones que permitan la destitución de la fiscal general. Sin embargo, ha reconocido los desafíos de negociar con un Congreso fragmentado, donde su partido, Movimiento Semilla, no cuenta con mayoría.
En este contexto, Arévalo manifestó su confianza en lograr consensos legislativos que allanen el camino para concretar la remoción de Porras.
“Yo voy a nombrar al próximo Fiscal General de la República. Es cuestión de tiempo”, reiteró, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del sistema de justicia.
El rol de Consuelo Porras ha sido objeto de críticas tras la persecución judicial contra periodistas, activistas y operadores de justicia, lo que ha llevado a varios al exilio. Esta situación ha generado preocupación internacional sobre el estado de derecho en Guatemala, exacerbando la presión sobre el gobierno para tomar acciones concretas.
A pesar de los obstáculos, Arévalo ha enfatizado que su gobierno está comprometido con la legalidad y la transparencia. Ha dejado claro que no recurrirá a medidas fuera del marco legal para destituir a Porras, subrayando la importancia de respetar los procesos democráticos.
La posible remoción de Consuelo Porras también tiene implicaciones en la relación de Guatemala con Estados Unidos. Porras ha sido señalada por el Departamento de Estado estadounidense por actos de corrupción, lo que ha afectado la cooperación bilateral en temas de gobernanza y justicia.
En medio de este panorama, Arévalo enfrenta el desafío de cumplir con las expectativas ciudadanas de un cambio profundo en el sistema de justicia. El nombramiento de un nuevo Fiscal General representa un paso clave para desmantelar las estructuras de corrupción que han permeado las instituciones del Estado.
Aciertos del primer año de gestión, según Arévalo
Educación:
Duplicó el número de escuelas remozadas en comparación con el gobierno anterior.
Incrementó el presupuesto para implementos escolares, beneficiando a tres millones de niños.
Garantizó la entrega de libros a todos los niños de escuelas públicas, algo que no ocurría en décadas.
Salud:
Inició la construcción de tres hospitales que estaban adjudicados pero no habían sido ejecutados.
En este primer año de gobierno, en esta #PrimeraCosecha, hemos conquistado importantes logros para el pueblo digno de Guatemala.
Hemos alcanzado grandes metas en los distintos ámbitos de la vida política, social, económica y cultural de Guatemala.
Los invito a conocerlos:… pic.twitter.com/wx9g8rRUEy
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) January 15, 2025
Gestón Institucional:
Implementó medidas para rescatar instituciones del Estado y orientarlas hacia la transparencia y el servicio público.
Estableció mecanismos de fiscalización de proyectos de infraestructura en colaboración con la Comisión Nacional Contra la Corrupción.
Infraestructura:
Superó limitaciones legales para avanzar en la ejecución de obras adjudicadas anteriormente.
Diseñó planes para mejorar las redes de salud y la infraestructura vial.
Relaciones Internacionales:
Mantuvo canales formales de comunicación con la administración entrante de Estados Unidos.
Desarrolló un plan integral para atender posibles deportaciones masivas, abarcando apoyo consular, repatriación digna e inserción social.
Desaciertos del primer año de gestión, según Arévalo
Gestón legislativa:
Falta de mayor influencia en el Congreso, donde su bancada es minoritaria, dificultando la aprobación de iniciativas clave.
Demoras en la aprobación de estados de excepción, afectando la gestión de crisis como la del kilómetro 44 Palín-Escuintla.
Infraestructura:
Baja ejecución de proyectos del Ministerio de Comunicaciones debido a la corrupción heredada y procesos judiciales.
Sólo se adjudicó un Centro de Atención Permanente (CAP) y un muro de contención durante el primer año.
Salud:
Retrasos en la construcción de los 400 puestos de salud prometidos, priorizando el rediseño de redes de atención.
Relaciones políticas:
Relaciones complejas con algunas bancadas del Congreso, dificultando alianzas sostenibles.
Cuestionamientos al Ministro de Finanzas sobre la ejecución del presupuesto y proyectos de desarrollo.
Infraestructura judicial:
Lentitud en el avance de proyectos de justicia, como la reducción del hacinamiento carcelario y el abuso de la prisión preventiva.
