Bukele defiende la minería metálica y minimiza impacto ambiental en El Salvador

El presidente refutó las críticas de ambientalistas y opositores que cuestionan fuertemente la Ley General de Minería Metálica, aprobada en diciembre pasado. Dijo que los ríos están contaminados no por explotaciones minera, sino por industrias y el mal manejo de desechos.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió este martes a las críticas de ambientalistas y sectores religiosos sobre su impulso a la minería metálica en el país. Bukele afirmó que los ríos salvadoreños ya enfrentan serios niveles de contaminación por diversas fuentes, pero no por la minería, actividad que asegura aún no se ha desarrollado en el territorio.

“Los ríos en El Salvador están contaminados por heces fecales, aguas negras, basura industrial, pesticidas y residuos hospitalarios, pero no por la minería”, declaró Bukele en una conferencia de prensa.

Bukele argumentó que no existe razón para que El Salvador no aproveche la minería metálica, actividad común en el resto del mundo. Comparó la situación del país con la de Israel, que, a pesar de enfrentar mayor escasez de agua y una densidad poblacional más alta, permite la minería incluso en el mar Muerto.

“Las cosas se pueden hacer bien o mal, y la minería no es la excepción”, aseguró el mandatario, sin ofrecer detalles sobre los métodos o sustancias que se emplearían en estos proyectos.

La actual Ley General de Minería Metálica prohíbe el uso de mercurio, pero no regula otros químicos altamente tóxicos como el cianuro o el arsénico, frecuentemente utilizados en la extracción de oro y plata, según denuncian organizaciones ambientalistas.

En 2017, tras intensas campañas lideradas por la Iglesia Católica y organizaciones académicas, El Salvador aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, que vetó el uso de químicos tóxicos y otorgó dos años a la minería artesanal para reconvertirse.

Esa ley fue derogada el 23 de marzo de 2024, lo que abrió nuevamente las puertas a la minería metálica.

Sin embargo, persisten las dudas sobre los controles ambientales y la transparencia de los proyectos, ya que el gobierno aún no ha revelado qué empresas participarán ni los métodos de extracción que se implementarán.

Organizaciones ambientales advierten sobre los riesgos que implica el uso de sustancias como cianuro y arsénico, conocidas por su alta toxicidad y su impacto en los ecosistemas acuáticos.

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