La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudió el viernes el despojo de la nacionalidad de 135 expresos políticos nicaragüenses recientemente desterrados a Guatemala por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“La CIDH repudia que estas excarcelaciones hayan venido aparejadas de la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense y confiscación de bienes de las víctimas de apatridia. Esta medida constituye una de las formas más severas de la represión empleadas ahora por el régimen, ya que acarrea profundas consecuencias para estas personas y sus familias, dejándolas en una situación de extrema vulnerabilidad”, dijo la CIDH en una declaración.
Desde 2023, por lo menos 450 personas identificadas como opositoras políticas han sido privadas arbitrariamente de la nacionalidad nicaragüense, incluyendo excandidatos presidenciales, políticos, periodistas, artistas, feministas, dirigentes estudiantiles, líderes campesinos, sacerdotes católicos, pastores evangélicos.
La CIDH saludó los esfuerzos de los Estados Unidos de América y Guatemala para recibir a los excarecelados, así como las medidas anunciadas para garantizar asistencia médica y humanitaria.
La CIDH urgió a la dictadura Nicaragua “a garantizar el derecho a la nacionalidad, a cesar la represión en el país y a liberar de todas las personas que siguen detenidas arbitrariamente, entre ellas, las y los líderes indígenas de la Costa Caribe que cuentan con medidas de protección otorgadas por los órganos del Sistema Interamericano”.
La Comisión alentó a los Estados de la región a atender y reconocer a las personas apátridas y, consecuentemente, otorgarles la protección especial que requieren, garantizando el acceso a los territorios y procedimientos para obtener protección internacional, incluyendo el otorgamiento del estatuto de refugiados; y continuar implementando acciones de inclusión social sin discriminación, en favor de estas personas.