El gobierno colombiano pidió este jueves a la Corte Penal Internacional intervenir en la situación de violaciones de derechos humanos en Nicaragua y demandó a la Cruz Roja Internacional que visite a los presos políticos de la dictadura Ortega-Murillo.
“El autoritarismo que se ha impuesto en la hermana república ha infringido normas ius cogens. Aquellas de las cuales se ha definido que son imperantes, inderogables, absolutas, perentorias, inmutables en esencia. Precisamente aquellas de cuyas violaciones debe conocer la Corte Penal Internacional. Al señor Fiscal de la Corte se le pide tomar cartas en tan alarmante asunto”, dice un comunicado de la Cancillería colombiana difundido este jueves.
En el comunicado, la cancillería dice que la República de Colombia, liderada por el presidente Gustavo Petro Urrego, “ha registrado con repulsión las medidas tomadas de manera arbitraria por el jefe de gobierno de la hermana y sufrida República de Nicaragua contra ciudadanos de su país cuyo único delito ha sido defender la democracia, el derecho a la crítica y los derechos humanos universales”
“Colombia llama al mundo entero a que reaccione. Por lo pronto pedimos a la Presidenta de Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, que solicite autorización para visitar a los que siguen detenidos. Víctimas son. El Derecho internacional Humanitario los cobija. Acreedores se han hecho del derecho internacional general”, subraya el comunicado oficial colombiano.
Unos 40 presos políticos siguen en manos de la dictadura Ortega-Murillo, entre los que figura el obispo católico de Matagalpa y Estelí, Rolando Álvarez. El pasado 9 de febrero, 222 presos políticos fueron liberados y desterrados hacia Estados Unidos. La dictadura nicaragüense luego les despojó de su nacionalidad. Luego agregó a otros 94 ciudadanos a los que les retiró su ciudadanía, pese a que es un acto prohibido por la constitución nicaragüense.
El gobierno colombiano condena también el exilio “de manera sorpresiva e inhumana” de ciudadanos nicaragüenses, “algunos reconocidos por sus luchas por la comunidad internacional, todo ello haciendo uso de vulgares medidas de policía”.
Recuerdan que el Obispo de Matagalpa y Estelí, monseñor Rolando Álvarez, rehusó salir del país, acción que Colombia califica de “patriótica”, y repudian la condena de 26 años de prisión impuesta por tribunales de la dictadura.
El comunicado señala que la Cancillería de Colombia busca entrar en contacto con quienes habiendo sido abusados por el poder intolerante de Nicaragua, quisieran acceder a la nacionalidad colombiana “Mucho nos honrarían”.