La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución que señala el incumplimiento del régimen de Nicaragua respecto a las medidas provisionales ordenadas para proteger a opositores, líderes críticos y personas encarceladas bajo condiciones descritas como inhumanas.
Este desacato persistente ha sido denunciado como una violación flagrante de las obligaciones internacionales del país.
Contexto de persecución y represión
Desde 2018 Nicaragua atraviesa una crisis política y de derechos humanos que ha escalado con el paso del tiempo y que empeoró en 2021, cuando el dictador Daniel Ortega arrestó a todos los candidatos electorales.
Las medidas provisionales adoptadas inicialmente por la Corte IDH buscaban salvaguardar la vida e integridad de personas detenidas por su oposición al régimen del dictador Daniel Ortega y su par Rosario Murillo.
Estas detenciones se han realizado bajo acusaciones de falsos delitos relacionados con el menoscabo a la soberanía y la seguridad nacional, en procesos judiciales ampliamente cuestionados por la comunidad internacional debido a la falta de garantías.
En su resolución más reciente, la Corte IDH reiteró que al menos nueve beneficiarios de estas medidas permanecen detenidos en condiciones que vulneran gravemente sus derechos humanos, incluyendo aislamiento prolongado, falta de atención médica y restricciones al contacto con familiares y abogados.
Deportaciones y apatridia
La situación se agrava por los destierros masivas realizadas por el régimen nicaragüense en 2023 y 2024, que incluyeron la expulsión de 105 beneficiarios de las medidas provisionales a Estados Unidos, Guatemala y el Vaticano.
Estos exiliados no solo fueron despojados de su nacionalidad nicaragüense, sino también de sus bienes, dejándolos en un estado de apatridia e incertidumbre económica.
La Corte subrayó que estas acciones no eliminan la responsabilidad del Estado de proteger a los despatriados, quienes, según sus representantes legales, permanecen en situación de extrema vulnerabilidad.
Postura de Nicaragua y acciones internacionales
Desde abril de 2022, la dictadura Nicaragua ha dejado de responder a las comunicaciones de la Corte IDH y ha rechazado públicamente las medidas adoptadas por este órgano.
Este comportamiento, según la Corte, constituye un desacato permanente que agrava los riesgos para los beneficiarios de las medidas.
En respuesta, la Corte anunció que llevará el caso ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), solicitando acciones colectivas que garanticen el cumplimiento de sus resoluciones.
Además, convocó a una audiencia pública en febrero de 2025 para evaluar la implementación de las medidas y recabar información actualizada sobre la situación de los beneficiarios.