La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado de Nicaragua garantizar la vida, la integridad y la libertad de Elvia Junieth Flores Castillo, en desaparición forzada junto a una de sus hijas desde marzo de 2025.
Flores Castillo, de 37 años, acusó a Daniel Ortega de abusar sexualmente de ella en 2005, cuando tenía 15 años. El Estado nicaragüense no ha informado públicamente sobre su situación.
En una resolución publicada el jueves, el tribunal interamericano dictó medidas provisionales y exigió al Estado informar de manera oficial e inmediata sobre el paradero de la mujer y sus hijas, así como sobre sus condiciones.
Además, la Corte ordenó levantar cualquier medida que encubra la ubicación de Flores Castillo y de su hija de 13 años o que restrinja su libertad e integridad personal.
Una niña aislada bajo vigilancia estatal
Según los representantes de las víctimas, agentes estatales sacaron a la madre y a la hija mayor de su vivienda el 21 de marzo de 2025. Desde entonces, se desconoce su paradero.
Por otro lado, la menor de 8 años permanece en la casa familiar bajo custodia de agentes estatales, sin contacto con sus familiares y sin asistir a la escuela desde hace unos dos años.
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La Corte IDH exigió poner fin a su aislamiento, garantizarle educación, salud, recreación y atención psicosocial, y reunificarla con su madre y su hermana.
Desde el exilio, la madre de Flores Castillo exige la entrega de las dos menores de edad a la familia mientras se dilucida la libertad de Junieth.
Antecedentes del escándalo
El caso de abuso sexual de Ortega se remonta a las denuncias de Santos Sebastián Flores Castillo, hermano de Elvia Junieth, quien acusó al dictador sandinista de abusar de la adolescente.
Los operadores políticos del régimen acusaron al hombre y lo condenaron en 2013 a 15 años de prisión.
El reo murió en noviembre de 2021 bajo custodia en el Centro Penitenciario La Modelo, y el régimen atribuyó su muerte a un suicidio, pero la familia denunció torturas, malos tratos y negligencia en atención médica.
Los denunciantes sostienen que las dos niñas serían hijas biológicas de Ortega, pero reconocidas legalmente por Néstor Moncada Lau, el jefe de la seguridad de la familia Ortega Murillo, versión que forma parte de los señalamientos de la familia de la víctima.
Sin embargo, el cumplimiento de estas medidas depende de la dictadura de Nicaragua, que mantiene un desacato ante la Corte IDH desde 2022 y no acredita representantes en sus audiencias.
