La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la ampliación de las medidas provisionales a favor de 25 personas privadas de libertad en Nicaragua.
La petición, realizada el 20 de junio de 2023, busca proteger los derechos de estos detenidos, quienes se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables, según la entidad.
La CIDH otorgó medidas cautelares a estas 25 personas tras determinar que se cumplían los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad.
La Comisión ha intentado obtener información del Estado de Nicaragua sobre las medidas adoptadas para mitigar los riesgos, sin recibir respuesta alguna que indique la implementación de acciones efectivas.
Además, no se tiene constancia de medidas de concertación o investigaciones relacionadas con los eventos de riesgo.
Actualmente, estas personas se encuentran en 3 centros de detención: el Sistema Penitenciario de León “Santos Bárcenas Centeno”, el Sistema Penitenciario Jorge Navarro – “La Modelo” y el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres “La Esperanza”.
La Comisión consideró especialmente preocupante la situación de estas personas, quienes no tienen comunicación con sus familiares y abogados y se encuentran en condiciones de detención que las ponen en riesgo.
Esto se agrava por la falta de atención médica y los alegatos de agresión, intimidación y hostigamiento por parte de agentes estatales.
Además, estas personas no han contado con las garantías mínimas de un proceso judicial maneja arbitrariamente por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Las personas beneficiarias de las medidas de la Corte Interamericana son Kevin Emilio Castillo Prado, Víctor Jobelni Ticay Ruiz, Sergio Catarino Castiblanco Hernández, Jacqueline de Jesús Rodríguez Herrera, Jonathan Euliecer Cruz Wuaguiz, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Anielka Lucía García Zapata, Melba Damaris Hernández, Freddy Antonio Quezada, Abdul Montoya Vivas, Eddy Antonio Castillo Muñoz; Nelly Griselda López García.
Además, Juan Carlos Baquedano, Carlos Alberto Bojorge Martínez, Walner Omier Blandón Ochoa, José Luis Orozco Urrutia, Álvaro Daniel Escobar Caldera, Juan Carlos Chavarría Zapata, Marcos Sergio Hernández Jirón, Juan Luis Moncada, Orvin Alexis Moncada Castellano, Harry Lening Ríos Bravo, Manuel De Jesús Ríos Flores, Cesar Facundo Burgalín Miranda y Marisela de Fátima Mejía Ruiz.
En esta lista figuran periodistas, docentes, artistas, empresarios, activistas, exmilitares, exmilitantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, estudiantes, misioneros y pastores evangélicos.
La Corte también requirió al Estado de Nicaragua que “adopte las medidas necesarias y adecuadas para determinar e informar el paradero de Freddy Antonio Quezada y Carlos Alberto Bojorge Martínez, quienes se encontrarían desaparecidos”.
El tribunal internacional ordenó a Nicaragua que proteja el derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personal, a la salud y a la alimentación adecuada para las personas beneficiarias de las medidas provisionales, así como que les garantice el acceso de los abogados de confianza y que se abstenga de enjuiciar y ejercer represalias en contra de sus familiares y representantes.
En noviembre del 2022, la CorteIDH declaró a Nicaragua en desacato, luego de que la dictadura de Daniel Ortega no respondiera a una serie de resoluciones en las que el tribunal exigía la liberación de “presos políticos” y la protección de activistas, disidentes y personas defensoras de derechos humanos que han sido detenidas a partir del 2018 cuando comenzaron una serie de protestas contra el Ejecutivo.
En los últimos años, Nicaragua no ha respondido a resoluciones y órdenes de la CorteIDH y se ha ausentado de audiencias a las que le ha convocado el tribunal, la última de ellas el pasado 3 de julio cuando los jueces conocieron un caso de feminicidio que no fue investigado adecuadamente por las autoridades nicaragüenses.
La CIDH destacó que esta solicitud refleja una situación excepcional basada en el riesgo extremo, urgente e irreparable a los derechos de las 25 personas, en el contexto de la crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua.
En virtud del artículo 63.2 de la Convención Americana y el artículo 27 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH solicitó a la Corte que ordene al Estado de Nicaragua:
- Adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para proteger la vida, integridad, salud y libertad personal de las personas identificadas.
- Proceder a la liberación inmediata de estas personas, considerando las serias e inhumanas condiciones de detención, los tratos crueles, inhumanos y degradantes recibidos, la falta de atención médica y el deterioro de su salud, lo que demuestra la imposibilidad del Estado de garantizar condiciones mínimas de detención compatibles con los estándares internacionales y la dignidad humana.
- Adoptar medidas de protección a favor de los integrantes de los núcleos familiares de las personas beneficiarias, frente a actos de represalias por denunciar la situación de sus familiares detenidos y buscar obtener información oficial sobre su situación.
Las medidas provisionales son emitidas por la Corte Interamericana en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas y tienen carácter obligatorio para los Estados, exigiendo acciones específicas para resguardar derechos y proteger la vida de personas en riesgo.
La CIDH, como órgano principal y autónomo de la OEA, tiene el mandato de promover y defender los derechos humanos en la región.
Integrada por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la Comisión actúa como órgano consultivo de la organización en materia de derechos humanos.