La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró en desacato permanente al Estado de Nicaragua por no cumplir resoluciones del tribunal regional con respecto a docenas de presos políticos en ese país, según informó hoy en un comunicado.
La CIDH había concedido medidas provisionales y demandado la liberación de presos políticos nicaragüenses en varias resoluciones entre junio de 2021 y octubre de 2022 no han sido cumplidas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Este Tribunal constata con preocupación que los beneficiarios de las Medidas Provisionales adoptadas por la Corte mediante Resoluciones de 24 de junio, 9 de septiembre, 4 y 22 de noviembre de 2021 y 25 de mayo y 4 de octubre de 2022 permanecen detenidos, a excepción de una de las beneficiarias que salió del país, pese a que la Corte ha requerido en varias oportunidades su liberación inmediata. Además, no se ha facilitado su contacto periódico con familiares y abogados y no se les ha garantizado el acceso a servicios de salud y medicamentos, ni a una alimentación adecuada”, informó la CIDH en su resolución difundida el martes.
“Subsiste un desacato prolongado por parte del Estado que pone en una situación cada vez más vulnerable a los beneficiarios de las medidas provisionales e implica un incremento en la situación de riesgo identificada por la Corte en sus Resoluciones”, subraya la resolución.
La CIDH concedió medidas provisionales y requirió al Estado de Nicaragua el 24 de junio de 2021, que “proceda a la liberación inmediata” de los presos políticos Juan Sebastián Chamorro García, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón y Violeta Mercedes Granera Padilla” y para que “adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la integridad y libertad personal” de las referidas personas y sus núcleos familiares.
En una segunda resolución, del 9 de septiembre de 2021, se amplió las medidas en favor de los presos políticos Daisy Tamara Dávila Rivas y su núcleo familiar, así como en favor de Lesther Lenin Alemán Alfaro y Freddy Alberto Navas López y sus núcleos familiares, demandado las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, integridad y libertad personal.
En noviembre de 2021, la CIDH anunció ampliación de las medidas en favor de Cristiana María Chamorro Barrios; Pedro Joaquín Chamorro Barrios; Walter Antonio Gómez Silva; Marcos Antonio Fletes Casco; Lourdes Arróliga; Pedro Salvador Vásquez Cortedano; Arturo José Cruz Sequeira; Luis Alberto Rivas Anduray; Miguel de los Ángeles Mora Barberena; Dora María Téllez Arguello; Ana Margarita Vijil Gurdián; Suyen Barahona Cuán; Jorge Hugo Torres Jiménez; Víctor Hugo Tinoco Fonseca, y José Bernard Pallais Arana y sus núcleos familiares en Nicaragua.
Dictadura rechazó medidas
Según la CIDH, “la posición asumida por Nicaragua en los escritos presentados a esta Corte referidos a su rechazo y no aceptación de las Medidas Provisionales y la efectiva inobservancia de lo ordenado en las Resoluciones de 24 de junio, 9 de septiembre y 4 de noviembre de 2021, constituye un acto de desacato a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por este Tribunal, contrario al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y un incumplimiento al deber de informar al Tribunal, en los términos expuestos en los Considerandos 46 a 50 de la […] Resolución”.
Otra resolución del 25 de mayo de 2022, extendió las medidas para que el Estado nicaragüense procediera a la liberación inmediata de Michael Edwing Healy Lacayo, Álvaro Javier Vargas Duarte, Medardo Mairena Sequeira, Pedro Joaquín Mena Amador, Jaime José Arellano Arana, Miguel Ángel Mendoza Urbina, Mauricio José Díaz Dávila, Max Isaac Jerez Meza y Edgar Francisco Parrales, “y para que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, integridad y libertad de las personas citadas y de sus núcleos familiares en Nicaragua”.
La última resolución de la CIDH fue el 4 de octubre de 2022, mediante la cual ordenó otorgar medidas provisionales en favor de 45 personas privadas de su libertad en 8 centros de detención y sus núcleos familiares en Nicaragua. Los beneficiados son Jhon Cristopher Cerna Zúñiga; Fanor Alejandro Ramos; Edwin Antonio Hernández Figueroa; Víctor Manuel Soza Herrera; Michael Rodrigo Samorio Anderson; Néstor Eduardo Montealto Núñez; Francisco Xavier Pineda Guatemala; Manuel de Jesús Sobalvarro Bravo; Richard Alexander Saavedra Cedeño; Luis Carlos Valle Tinoco; Víctor Manuel Díaz Pérez; Nilson José Membreño; Edward Enrique Lacayo Rodríguez; Maycol Antonio Arce; María Esperanza Sánchez García; Karla Vanessa Escobar Maldonado; Samuel Enrique González; Mauricio Javier Valencia Mendoza; Jorge Adolfo García Arancibia; Leyving Eliezer Chavarría; Carlos Antonio López Cano; Lester José Selva; Eliseo de Jesús Castro Baltodano; Kevin Roberto Solís; José Manuel Urbina Lara; Benjamín Ernesto Gutiérrez Collado; Yubrank Miguel Suazo Herrera; Yoel Ibzán Sandino Ibarra; José Alejandro Quintanilla Hernández; Marvin Antonio Castellón Ubilla; Lázaro Ernesto Rivas Pérez; Gustavo Adolfo Mendoza Beteta; Denis Antonio García Jirón; Danny de los Ángeles García González; Steven Moisés Mendoza; Wilber Antonio Prado Gutiérrez; Walter Antonio Montenegro Rivera; Max Alfredo Silva Rivas; Gabriel Renán Ramirez Somarriba; Wilfredo Alejandro Brenes Domínguez; Marvin Samir López Ñamendis; Irving Isidro Larios Sánchez; Roger Abel Reyes Barrera; José Antonio Peraza Collado, y Rusia Evelyn Pinto Centeno.
La CIDH reveló que el Estado de Nicaragua ha remitido 19 comunicaciones a la Corte Interamericana en las que ha manifestado su rechazo a las Medidas Provisionales adoptadas por la Corte “por considerar que las mismas siguen un guion impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica” e “incluye[n] una narrativa parcializada y dirigida a destacar los lamentables sucesos del 2018 […] en los que diversas organizaciones (incluyendo a [la] Corte y la CIDH); han sido partícipes y cooperadores”.
La última de las comunicaciones del Estado nicaragüense fue remitida el 11 de abril de 2022.
“En ella el ratifica su postura de no remitir información actualizada a la Corte sobre las disposiciones adoptadas para dar cumplimiento a las medidas provisionales, y de rechazo a lo decidido por la Corte”, dice la resolución.
En total son 76 los presos políticos nicaragüenses que la CIDH ha pedido su inmediata liberación. Organizaciones de derechos humanos calculan en más de 200 los presos políticos en Nicaragua, incluyendo dirigentes políticos y empresariales, estudiantes, campesinos, periodistas, feministas, un obispo católico y una docena de sacerdotes.