Con 108 homicidios en los primeros 47 días del año, Costa Rica enfrenta una de las crisis de seguridad más graves de su historia. Sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves ha optado por confrontar a los Poderes del Estado e Instituciones Públicas que le demandan mayor acción.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, lo acusa de boicotear los esfuerzos de coordinación entre los poderes del Estado, mientras recorta fondos para las fuerzas de seguridad, veta recursos y ataca a jueces, fiscales y diputados que exigen medidas contra el crimen organizado.
Desde que asumió la presidencia en 2022, el país ha registrado más de 2.000 asesinatos, una escalada sin precedentes impulsada por el narcotráfico y la creciente presencia de carteles internacionales.
Solo en 2023 hubo 907 homicidios y 880, más 30 desaparecidos, en 2024, mientras las proyecciones para 2025 apuntan a 1,000.
Pese a ello, Chaves ha rechazado esta semana reunirse con el Congreso y el Poder Judicial para definir una estrategia de seguridad, intensificando su confrontación con el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, quien le ha pedido diálogo en múltiples ocasiones.
“Costa Rica no cuenta con el presidente en esta crisis. La inseguridad ciudadana es el principal problema del país y el principal problema de este gobierno”, advirtió Arias, señalando que la crisis ha llegado a un punto en el que se registra un asesinato cada nueve horas, incluyendo el reciente homicidio del subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Guápiles.
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Chaves rechaza cooperación y ataca a otros poderes
El pasado miércoles, en conferencia de prensa, Chaves rechazó una nueva invitación de Arias para discutir medidas contra la delincuencia. Con su habitual tono confrontativo, el mandatario se burló de la reunión, afirmando que no asistiría a un encuentro “a puerta cerrada, con cafecito, té y galletas María”.
“Ni mis ministros ni este servidor vamos a perder el tiempo en esas reuniones que solo sirven para hablar paja (…). Si saben contar, no cuenten conmigo”, declaró Chaves, en un desplante que deja a Costa Rica sin coordinación estatal ante la crisis de seguridad.
El mandatario también acusó a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial de dar “demasiada tregua a los criminales”, al tiempo que sugirió que la insistencia de Arias en un acuerdo tripartito responde a intereses políticos, en alusión a una posible reelección del presidente del Congreso.
Más de 28 leyes aprobadas, pero sin voluntad del Ejecutivo
Arias recordó que el Congreso ha aprobado 28 proyectos de ley en materia de seguridad, incluidos ocho de los diez recomendados por una mesa tripartita en 2024, de la que el propio gobierno formó parte.
“El presidente Chaves renuncia a su obligación de combatir la inseguridad y trabajar con los otros poderes. Es lamentable, triste e indignante que Costa Rica no cuente con su presidente para enfrentar el principal problema nacional”, expresó Arias.
El legislador reiteró que, aunque el Congreso ha cumplido con la creación de leyes, el Ejecutivo sigue sin aplicar políticas efectivas para contener la violencia.
“La Asamblea Legislativa no tiene el control de la Fuerza Pública ni de las políticas sociales y económicas que pueden prevenir el delito. Lo que sí hacemos es aprobar leyes que den herramientas a las fuerzas de seguridad, y lo hemos hecho”, insistió.
El crimen organizado avanza sin control
Mientras Chaves se mantiene en la confrontación política, Costa Rica enfrenta una guerra abierta del narcotráfico. El país se ha convertido en un punto clave para el tránsito de drogas hacia Norteamérica y Europa, con carteles internacionales disputando territorios.
El deterioro de la seguridad ha llegado a tal punto que el crimen organizado ha expandido su violencia a sectores antes intocables, asesinando mujeres, niños y funcionarios de seguridad, en una espiral que no da tregua.
Con un presidente que se niega a asumir su responsabilidad, la incertidumbre crece en un país que hasta hace pocos años era considerado un bastión de paz en la región, pero que hoy se desangra sin respuestas del Ejecutivo.a