El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, enfrenta una nueva denuncia penal, esta vez por presuntos delitos de obstaculización de la justicia e instigación pública.
La denuncia, presentada por José Eduardo Vargas Rivera, fundador del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), también involucra a la ministra de Presidencia, Laura Fernández, en el marco del caso de corrupción conocido como “Barrenador”, que investiga irregularidades en la adjudicación de contratos a cooperativas para la administración de servicios de salud.
La acusación surge luego de que Vargas señalara que tanto Chaves como Fernández habrían ejercido presión sobre el Poder Judicial y utilizado su influencia para obstaculizar las investigaciones judiciales en curso.
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Según la denuncia, los señalamientos realizados por el mandatario y su ministra constituyen una interferencia directa en las pesquisas relacionadas con la adjudicación de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) a cinco cooperativas, en detrimento de un proceso de contratación previamente establecido.
Contexto del escándalo
El caso “Barrenador” gira en torno a la presunta manipulación de un proceso de contratación en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el que los directivos de la entidad habrían favorecido a las cooperativas Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco.
La Fiscalía sostiene que los funcionarios involucrados, encabezados por la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, anularon un proceso de compra que estaba listo para ser publicado y, en su lugar, iniciaron uno nuevo con condiciones modificadas para beneficiar a las cooperativas adjudicadas.
Este cambio, según el Ministerio Público, generó un sobreprecio de US$23 millones anuales aproximadamente.
El 23 de septiembre se realizaron allanamientos en múltiples ubicaciones del país, con la detención de altos mandos de la CCSS, incluido Esquivel Rodríguez. Las autoridades también investigan si los plazos de contratación, otorgados por 10 años en lugar de los cuatro permitidos por ley, son irregulares.
Intervención de Chaves y Fernández
Tras los allanamientos, tanto el presidente Chaves como la ministra Fernández emitieron declaraciones públicas en las que descalificaron las acciones del Ministerio Público. Fernández calificó el operativo judicial como un “show” y acusó a la Fiscalía de abuso de poder.
Chaves, por su parte, intensificó las críticas en una conferencia de prensa, señalando directamente al fiscal general Carlo Díaz de excederse en sus facultades y mencionando de forma despectiva al juez encargado del caso.
Estos comentarios provocaron una fuerte reacción de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), que denunció la intervención del presidente como una “grave intromisión” en el trabajo del Poder Judicial, advirtiendo sobre el peligro que tales declaraciones representan para la independencia judicial.
Acusaciones formales
La denuncia presentada por Vargas Rivera argumenta que las declaraciones de Chaves y Fernández constituyen una clara obstrucción de la justicia.
Vargas alega que las acciones de ambos funcionarios han puesto en peligro la integridad de los investigadores judiciales, así como la de sus familias, al incitar un clima de hostilidad en su contra.
Asimismo, la denuncia acusa a la ministra Fernández de haber instigado públicamente a través de un video difundido por Casa Presidencial, en el que minimizó las investigaciones judiciales y calificó de excesivo el operativo de la Fiscalía.
En una ampliación de la denuncia, Vargas solicitó la investigación de las acciones de Marta Eugenia Esquivel tras su liberación, al haber nombrado como gerente interina de la CCSS a una de las imputadas en el caso, María de los Ángeles Gutiérrez, lo que ha suscitado críticas por posible manipulación del proceso judicial.
Repercusiones y antecedentes
Este nuevo escándalo se suma a una serie de acusaciones y denuncias que han rodeado al presidente Chaves desde su mandato en 2022.
Desde abusos de autoridad hasta irregularidades en procesos administrativos, Chaves ha sido criticado por su manejo del poder y su estilo confrontativo frente a instituciones públicas.
En 2022, enfrentó denuncias por acoso sexual durante su tiempo como funcionario del Banco Mundial, lo que, aunque no impidió su ascenso a la presidencia, ha seguido pesando sobre su gestión.
La actual denuncia penal representa un nuevo desafío para su gobierno, al tiempo que sigue enfrentando críticas por parte de sectores judiciales y civiles que reclaman respeto por la independencia de poderes.
El caso “Barrenador”, con sus implicaciones de corrupción y tráfico de influencias, pone en el centro del debate la integridad de las instituciones públicas y la transparencia en la administración de recursos estatales en Costa Rica.
Las investigaciones judiciales siguen su curso, mientras el país observa con atención las acciones del Ministerio Público y las respuestas que pueda brindar la administración Chaves ante estos señalamientos.
