Desafíos y promesas incumplidas de Xiomara Castro al iniciar su último año de gobierno

Al comenzar su cuarto año de gobierno, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, enfrenta un panorama complicado. Su administración, encabezada por el partido Libertad y Refundación (Libre), arrastra una caída de 10 puntos en su aprobación según el Latinobarómetro 2024, un dato alarmante que refleja la creciente desilusión de los hondureños. 

Con una aprobación de sólo el 22 %, una confianza del 15 % en su gobierno y 16 % en su figura presidencial, Castro se ve atrapada entre las expectativas no cumplidas y los retos históricos que marcaron el inicio de su mandato.

Desde su llegada al poder en enero de 2022, la promesa de una “refundación” de Honduras se ha visto constantemente opacada por fantasmas del pasado. 

La narrativa del expresidente Juan Orlando Hernández y las secuelas de su gobierno, especialmente las acusaciones de narcotráfico, han pesado sobre la agenda de la presidenta, quien se ha visto forzada a posicionarse como una antítesis de su antecesor. 

Sin embargo, más que un cambio profundo, el país ha sido testigo de un gobierno que, a tres años de su mandato, parece estancado en un pasado que no le permite avanzar hacia el futuro.

Promesas inconclusas y una gestión marcada por la desconfianza

En sus primeros meses, el gobierno de Castro sorprendió con algunas promesas de cambio. La eliminación de la Ley de Secretos Oficiales, por ejemplo, fue un primer paso que generó expectativas de un enfoque más transparente en la lucha contra la corrupción. 

Sin embargo, la promesa de instalar una Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (CICIH) rápidamente se desvaneció. 

Lo que parecía un símbolo de renovación se fue diluyendo con el tiempo, sin una fecha clara para su implementación. El mismo gobierno que prometió transparencia fue el que, a fines de 2022, emitió un decreto para reservar información pública sobre temas clave de la administración, evocando nuevamente la sombra de la opacidad.

El resultado ha sido una administración caracterizada por medidas populistas, como los subsidios a la energía, los bonos para combustible y las becas, pero financiadas con deuda externa y recursos provenientes de la “caja única”. Si bien estas medidas han sido bien recibidas por algunos sectores, no han resuelto los problemas estructurales más profundos del país: el desempleo, la inseguridad y la pobreza siguen siendo desafíos críticos.

La crisis interna y la polarización política

Otro de los grandes obstáculos para la gestión de Castro ha sido la división interna de su propio partido. Las luchas por el poder dentro de Libre, especialmente por la presidencia del Congreso Nacional, han mermado la capacidad de la presidenta para implementar su agenda. En sus primeros meses, esta crisis interna obligó a Castro a ser juramentada por un juez, un episodio que simbolizó la falta de cohesión dentro del gobierno y contribuyó a la inestabilidad política.

Además, la polarización política se ha acentuado a lo largo de su mandato. En lugar de construir una unidad nacional, el gobierno de Castro ha fomentado un ambiente de confrontación con sectores como la oposición política, el sector privado y los medios de comunicación. 

En lugar de un proyecto de futuro, la narrativa del gobierno sigue centrada en el pasado, especialmente en el golpe de estado de 2009 y en las acusaciones contra el gobierno de Hernández. 

Esta estrategia, si bien moviliza a algunos sectores, ha sido criticada por muchos como un intento de desviar la atención de los problemas reales del país.

Derechos humanos y justicia social en espera

Uno de los aspectos más preocupantes de la gestión de Castro ha sido su falta de avances en materia de derechos humanos. Sectores vulnerables como las mujeres, los defensores del medio ambiente y la comunidad LGTBIQ han visto cómo sus demandas se han ido desvaneciendo en la agenda política. 

La violencia contra las mujeres sigue siendo una epidemia, con más de 230 femicidios reportados sólo en 2024, y el gobierno parece no tener una respuesta efectiva a esta crisis. 

De igual manera, los defensores ambientales siguen siendo atacados, y el asesinato de Juan López, un líder ecologista que gozaba de medidas de protección, pone en evidencia la falta de seguridad para quienes luchan por la justicia social.

A pesar de las promesas de mejorar la seguridad, las acciones del gobierno de Castro, como los estados de excepción parcial, han tenido resultados limitados. 

Las denuncias de violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas han opacado cualquier intento de mejorar la seguridad en el país. 

En este contexto, la administración parece más preocupada por mantener el control político que por lograr un verdadero avance en la seguridad de los ciudadanos.

El futuro incierto

Al acercarse las elecciones internas y primarias de marzo de 2025 y las generales de noviembre, el gobierno de Castro parece estar atrapado en una espiral de polarización, confrontación y nostalgia por un pasado que no fue, más que en un proyecto de futuro claro. 

A lo largo de estos 3 años, el discurso del gobierno ha oscilado entre la lucha contra el legado de Hernández, la crítica a las élites económicas y la constante búsqueda de enemigos internos. Sin embargo, lejos de generar soluciones concretas, esta estrategia parece haber agotado las expectativas de la población.

El cuarto año de Castro al mando podría ser decisivo, pero las promesas de un cambio estructural en Honduras siguen sin materializarse. 

A medida que se acercan las elecciones, la presidenta y su partido tendrán que decidir si siguen aferrándose al pasado o finalmente dan el paso hacia un futuro que, por ahora, parece muy lejano.

La apuesta de Castro (¿o de Mel Zelaya?) es un triunfo presidencial de su ungida, la ministra de Defensa, Rixi Moncada con quien, dicen, se consolidará la refundación.