El régimen sandinista desalojó este fin de semana (7 y 8 de noviembre) a las últimas familias que vivían en los alrededores del barrio El Carmen, Managua, cerca del búnker de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Las denuncias, con imágenes, videos y testimonios, llegaron al periodista nicaragüense Miguel Mendoza, quien las compartió en redes sociales.
Según Mendoza, desterrado por la dictadura sandinista, a las familias las obligaron a desalojar sus viviendas sin recibir ninguna promesa de reubicación ni de indemnización.
El comunicador aseguró que el operativo busca apropiarse de toda la zona y ampliar el perímetro de seguridad que rodea el centro de poder de la pareja que comanda el régimen.
Hasta el momento, la dictadura de Nicaragua no se ha pronunciado sobre los desalojos.
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Un proceso iniciado en febrero de 2025
El operativo de este domingo culminó un proceso que comenzó en febrero de 2025, cuando las autoridades obligaron a salir a unas 30 familias del vecindario, de acuerdo con Mendoza.
En aquella ocasión, según el periodista, la Policía del régimen arrestó a quienes se resistieron a dejar sus casas. El medio digital Nicaragua Investiga informó que algunos de ellos permanecieron detenidos hasta un año.
Por ese motivo, de acuerdo con la misma publicación, el resto de los vecinos optó por marcharse sin protestar ante el temor a sufrir represalias similares.
Asimismo, Mendoza destacó que muchas de las familias desalojadas residían en el sector desde antes de 1979, año en que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) llegó al poder tras derrocar a la dictadura de Anastasio Somoza.
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Una residencia confiscada en 1979
Ese mismo año, Ortega y Murillo confiscaron y ocuparon la vivienda del banquero y político Jaime Morales Carazo, quien décadas después fue vicepresidente de Ortega entre 2007 y 2012.
La pareja confiscó, además, 6 casas colindantes y todos los muebles, joyas y hasta ropas de los propietarios.
Sobre ese conjunto se levanta el complejo conocido como “el búnker de El Carmen”, que funciona como vivienda familiar, sede de la Secretaría del FSLN y despacho presidencial.
De esta manera, según el periodista, el desalojo despoja a decenas de familias de su hogar y su patrimonio, y cierra un vecindario histórico de la capital para convertirlo en un anillo de seguridad exclusivo.
Mendoza afirmó, además, que la pareja permanece protegida por centenares de policías, militares y civiles armados, lo que, a su juicio, refleja el temor con el que se mantiene en el poder.