El nacionalismo de los desterrados por la dictadura nicaragüense está más latente que antes y 45 de ellos exigieron la liberación de más de una treintena de presos políticos del regimen Ortega-Murillo, principalmente del obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de cárcel.
En un pronunciamiento titulado “Somos y seguiremos siendo nicaragüenses”, los ciudadanos denuncian una serie de abusos, atropellos y violaciones cometidas por el dictador Daniel Ortega y su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo. Los ataques del régimen los consideran como “una brutal agresión”.
“Demandamos la liberación inmediata de los más de 35 presos políticos, en particular la de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, quien prefirió la prisión al exilio”, se lee.
“Denunciamos la barbarie sin precedentes y repudiada por numerosas naciones del mundo, de pretender aplastarno civil, económica y moralmente, mediante la eliminación de nuestros nombres de los registros públicos”, dice el comunicado.
“La prohibición de ejercer nuestros derechos civiles y políticos a perpetuidad; la confiscación de nuestros patrimonios; la cancelación del pago de pensiones, y declararnos prófugos de la justicia, todo con el fin de impedirnos seguir en la lucha por la democracia”, agrega.
De acuerdo a los firmantes del comunicado, entre los que figura la respetada escritora Gioconda Belli y el periodista Wilfredo Miranda, dicen que “lo único que han hecho es pensar distinto y reclamar justicia, democracia y libertad”.
“La dictadura nos despojó de nuestra nacionalidad, mediante una resolución ilegal y violatoria de nuestros derechos humanos, de la legislación nacional y de convenios internacionales.
Los firmantes sostienen que la nacionalidad es un derecho inalienable y nadie se las puede arrebatar.
El 9 de febrero pasado, la dictadura Ortega-Murillo liberó 222 presos políticos, pero los desterró y les retiró la ciudadanía. Un día después, monseñor Álvarez fue sentenciado a 26 años de cárcel en un oscuro juicio, despojándole también de su ciudadanía. Y a la siguiente semana, 94 ciudadanos más, todos opositores al régimen, les quitaron su nacionalidad. Este y otros abusos cometidos por el gobierno han sido fuertemente criticados por la comunidad internacional.
