La dictadura de Nicaragua, encabezado por los tiranos Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha negado el ingreso al país a al menos 290 nicaragüenses, incluidos seis menores de edad, entre enero de 2024 y febrero de este año, denunció la organización Monitoreo Azul y Blanco.
Según el informe de la entidad, que documenta violaciones a los derechos humanos en el país, el 64 % de los afectados son hombres y el 36 % mujeres.
Además, el organismo ha registrado otros 59 casos de restricciones migratorias, entre ellas la negación de salida del país a nacionales y el rechazo de ingreso a ciudadanos extranjeros.
Expulsión, destierro y apatridia
“Las prácticas de destierro y desnacionalización implementadas por el régimen de Daniel Ortega constituyen violaciones graves al derecho internacional y reflejan un patrón represivo históricamente utilizado por regímenes autoritarios para castigar la disidencia”, denunció Monitoreo Azul y Blanco en su informe.
También contravienen tratados internacionales como la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para la Reducción de los Casos de Apatridia de 1961.
Desde el estallido social de 2018, el Gobierno de Ortega ha intensificado su estrategia de persecución política a través de mecanismos migratorios, afectando no solo a opositores sino también a ciudadanos sin filiación política definida, señala el informe.
Más de 349 casos de represión migratoria
Entre enero de 2024 y febrero de 2025, Monitoreo Azul y Blanco ha documentado al menos 349 casos de restricciones migratorias impuestas por el régimen, de los cuales 290 corresponden a la negación de ingreso al país a ciudadanos nicaragüenses.
Asimismo, se reportaron ocho casos de rechazo de ingreso a extranjeros, 47 casos de prohibición de salida del país a nacionales, dos negaciones de renovación de pasaporte y dos expulsiones de ciudadanos extranjeros.
“El destierro y la negación de nacionalidad han sido condenados por organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que advierte sobre las consecuencias devastadoras de la apatridia, incluyendo la restricción del acceso a derechos básicos como identidad legal, educación, salud y movilidad”, subrayó la organización.
Silencio del régimen
Las restricciones migratorias han sido utilizadas como herramientas de represión política en Nicaragua, agravando la crisis humanitaria y generando un aumento de los flujos migratorios forzados hacia países vecinos.
Monitoreo Azul y Blanco recordó que en febrero de 2023, el régimen de Ortega expulsó del país a 222 presos políticos y en septiembre de 2024 a otros 135 ciudadanos, a quienes posteriormente les retiró la nacionalidad y confiscó sus bienes, dejándolos en condición de apatridia.
Hasta el momento, la dictadura y sus instituciones represivas como el Ministerio del Interior no han respondido a las denuncias sobre la negación de ingreso y salida del país a ciudadanos nacionales y extranjeros.