De las confiscaciones en Nicaragua no se escapa ni la propia policía al servicio del régimen: el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) anunció este martes que el hospital Carlos Roberto Huembes, hasta ahora propiedad de la Policía Nacional, pasará a formar parte de la cadena de hospitales públicos.
La medida, divulgada en un comunicado difundido por medios oficialistas, coincide con denuncias sobre la detención de los principales directivos del centro por supuestos actos de corrupción, que el régimen no ha confirmado.
Según el INSS, el traspaso entra en vigor tras culminar los «procesos de verificación y validación sobre los servicios que brinda el Hospital Carlos Roberto Huembes a los policías y sus familiares».
Asimismo, la institución estatal aseguró que el cambio de administración busca mejorar la atención de los agentes policiales y de las familias afiliadas al centro asistencial.
El hospital atiende a los miembros de la Policía Nacional y a sus familiares, quienes están afiliados al sistema de seguridad social propio de la institución y al INSS.
Promesa de más servicios
En su comunicado, el INSS sostuvo que el hospital continuará desarrollando servicios médicos especializados «con las últimas tecnologías».
De igual forma, prometió ampliar las atenciones «a los asegurados, pensionados y afiliados al sistema de seguridad social de la Policía Nacional».
El texto, además, recordó al guerrillero sandinista Carlos Roberto Huembes, cuyo nombre lleva el centro y a quien calificó de héroe al morir combatiendo a la Guardia Nacional de la dictadura familia Somoza.
El comunicado, no obstante, no menciona a la anterior dirección del hospital ni precisa quién asumirá la gestión del centro bajo el nuevo esquema.
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Denuncia de detenciones
Por su parte, el periodista nicaragüense Miguel Mendoza, excarcelado como preso político, desterrado a Estados Unidos y despojado de su nacionalidad, afirmó que el director del hospital, Julio Paladino, y su esposa se encuentran bajo arresto domiciliario.
Paladino ha sido, en las últimas décadas, uno de los médicos de cabecera del dictador Ortega, hoy en estado de decrepitud física y mental.
Según Mendoza, la medida se produjo después de que una auditoría revelara supuestos casos de corrupción entre los dirigentes del centro médico policial.
El periodista también señaló como detenidos al director financiero, el comisionado mayor Jorge Rivas, y a su esposa; a la jefa de finanzas, Yara Briceño, y a la comisionada Aracely Solís, jefa de enfermería, junto a su esposo, el médico internista Jorge Rivas.
Corrupción y sometimiento
En el caso de estos últimos, Mendoza aseguró que durante el operativo se suspendió el servicio de energía eléctrica en el barrio Unidad de Propósito, en Managua, para evitar que hubiera testigos de la supuesta detención.
Los implicados están señalados de manejar el hospital con irregularidades financieras y de desviar fondos millonarios.
Sin embargo, hasta el momento ni la Policía Nacional ni el INSS se han pronunciado sobre las detenciones denunciadas ni sobre la supuesta malversación de fondos.
La corrupción en Nicaragua la consideran, organismos de fiscalización internacional, como un mal endémico y bajo control del régimen familia Ortega Murillo, mientras que el sometimiento de la institución policial a la misma dictadura comenzó desde antes de 2018.