La dictadura Ortega Murillo presentó el martes a la Asamblea Nacional una iniciativa de reforma a la Ley General de Migración y Extranjería y al Código Penal de Nicaragua que busca legalizar prácticas consideradas crímenes de lesa humanidad, como la desnacionalización, el destierro y el control absoluto sobre los permisos de ingreso y salida del país.
Estas medidas quedarán bajo la dirección del Ministerio del Interior, institución conocida por su historial de represión, espionaje y tortura.
La Dirección General de Migración y Extranjería, subordinada al Ministerio del Interior, será el ente encargado de autorizar o denegar la entrada y salida del país, revocar residencias, e incluso cancelar la nacionalidad nicaragüense adquirida, según la reforma propuesta.
Esta dependencia está dirigida por funcionarios leales al régimen, incluidos Luis Roberto Cañas Novoa, el brutal viceministro del Interior, acusado de ejecutar crímenes de lesa humanidad como el asesinato en prisión del reo político Eddy Montes en mayo de 2019.
Al frente de la parte administrativa del siniestro ministerios está la radical funcionaria, Amelia Coronel Kinloch, responsable de la represión administrativa contra ONG y sectores de la sociedad civil.
La perturbadora figura administrativa de Coronel es la encargada de la represión sandinista contra las ONG y demás figuras de la sociedad civil, de las cuales ha anulado más de 5.600 y confiscado sus bienes, incluyendo iglesias, universidades, medios de comunicación y empresas.
Migración como instrumento de represión
La reforma incluye la potestad de denegar el ingreso a cualquier persona que “menoscabe la soberanía nacional” o sea considerada un “riesgo social”, una disposición que, según analistas, permitirá al régimen decidir arbitrariamente quién puede entrar o salir del país, incluyendo opositores, críticos y exiliados.
Además, se plantea la posibilidad de citar y detener a ciudadanos nacionales o extranjeros para resolver “conflictos de carácter migratorio”.Estas atribuciones han sido interpretadas como un intento de institucionalizar el hostigamiento y las detenciones arbitrarias, prácticas ya comunes en el país.
El Ministerio del Interior, que controla las cárceles y los centros de tortura, será el organismo rector de estas disposiciones, consolidando aún más su rol como pilar represivo del régimen sandinista.
La reforma también incluye modificaciones al artículo 47 de la Ley General de Migración, permitiendo que la nacionalidad pueda ser revocada por causas como “menoscabar la soberanía nacional” o “traicionar la integridad nacional”.
Estas causales, de interpretación ambigua, ya han sido utilizadas para despojar de la nacionalidad a sacerdotes, periodistas, médicos, empresarios y estudiantes, muchos de ellos posteriormente desterrados. Son considerados crímenes de lesa humanidad conforma al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Justicia Penal Internacional.
Además, se establece que quienes pierdan la nacionalidad no tendrán derecho a recuperarla, formalizando una práctica denunciada internacionalmente como violatoria de los derechos humanos.
Documentos de identidad para apátridas
La iniciativa introduce un nuevo “documento de identidad y viaje para apátridas”, mientras elimina salvoconductos y pases fronterizos, herramientas antes utilizadas para emergencias. Esto deja en situación de vulnerabilidad a miles de nicaragüenses expulsados del país, quienes deberán depender de un documento diseñado por el régimen para regular su estatus como apátridas.
Las reformas también incluyen un aumento y dolarización de las tarifas por servicios migratorios, como la emisión de pasaportes, visas y certificaciones.
Este cambio afectará principalmente a la población de menores ingresos, encareciendo trámites esenciales y restringiendo aún más la movilidad de los nicaragüenses.
Con estas reformas, el régimen de Ortega y Murillo busca consolidar su control sobre la ciudadanía y las fronteras del país, utilizando la migración como una herramienta de represión política.
Al concentrar estas funciones en el Ministerio del Interior, bajo figuras como Cañas Novoa y Coronel Kinloch, el régimen institucionaliza las prácticas de persecución, tortura y control absoluto que han caracterizado a la dictadura familiar Ortega Murillo.
La iniciativa, que será discutida en un plazo de 48 horas en la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, refuerza el estado de sitio político y social que enfrenta Nicaragua, profundizando el aislamiento y la crisis humanitaria que afecta al país.
