La dictadura de Nicaragua ordenó al Ministerio de Educación (Mined) y Policía Nacional regular y controlar los colegios privados en la víspera de las fiestas patrias, bajo el argumento de “mantener el orden y la paz”.
De acuerdo a reportes de padres de familia de diversos colegios públicos, las autoridades educativas de la dictadura orientaron a los directores de colegio retirar las banderas nacionales (azul y blanco) de los frontis y mástiles exteriores y limitarlas a los interiores.
Además, en otros casos, arrancaron banderines y pabellones que a criterio de la dictadura “no representan los símbolos patrios autorizados”.
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Desde las protestas sociales de 2018, cuando la oposición política tomó la bandera nacional como símbolo de protesta contra la bandera del partido Frente Sandinista (roja y negra), la dictadura criminalizó el uso público del pabellón nacional, apresó a vendedores de banderas, confiscó banderas, apresó a ciudadanos que fueran encontrados con ella en sus casas o carros y hasta disparó contra una familia que portaba la bandera en su vehículo luego de una protesta.
En esta ocasión, de acuerdo a reportes de padres de familia a medios locales y por redes sociales, el Mined junto a la policía anduvieron recorriendo colegios para ver cuáles incumplían la orden de guardar las banderas azul y blanco.
Los más visitados y afectadores fueron los colegios parroquiales y privados de preferencia religiosos.
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Dentro de los controles, a los colegios privados que tradicionalmente realizaban marchas en sus comunidades con sus estudiantes vistiendo trajes de galas con bandas rítmicas, se les prohibió marchar fuera de sus patios “para mantener el orden social”.
Muchos padres y madres de familia se quejaron de que a sus hijos no los dejaron marchar, después que cada familia invirtió en los trajes y atuendos alusivos a las fiestas patrias de los días 14 y 15 de septiembre.
En algunos departamentos, a colegios privados se les autorizó marchas en zonas específicas y horarios limitados, bajo supervisión de que las banderas y atuendos fueran “adecuados a la identidad nacional” y “contribuyera a mensajes de paz y unidad”.
La medida de control provocó indignación entre familias de todo el país y confusión entre directivos y directores, ya que la vocera de la dictadura, Rosario Murillo, había anunciado que en todas las ciudades se colocarían las banderas en los sitios y plazas públicas.
Desde 2020, la dictadura ha anulado a más de 3,400 organizaciones de la sociedad civil y cerrado y confiscado 27 universidades y centros de estudios católicos.