La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó desde este 1 de abril la realización de marchas en todos los municipios de Nicaragua, en un intento por imponer una narrativa triunfalista sobre las protestas sociales de abril de 2018, que dejaron 355 muertos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados, según organismos de derechos humanos internacionales.
Las caminatas, en las que participaron trabajadores públicos obligados y paramilitares encapuchados, forman parte de una estrategia sostenida por el régimen para reescribir la memoria colectiva sobre los hechos de abril, ampliamente documentados como una represión violenta del Estado contra la población civil.
La codictadora Rosario Murillo, considerada por analistas como la ideóloga de la brutal represión, ha incrementado en las últimas semanas sus discursos cargados de odio y desinformación desde los medios de comunicación de su dictadura.
“Los forajidos, los bandidos, los pillos, los delincuentes, los enemigos del amor… no volverán”, dijo este lunes durante su alocución diaria, en alusión a los ciudadanos que se manifestaron en 2018 contra el régimen.
“Defendimos la paz”, insistió Murillo, en un tono que ha sido calificado por víctimas del conflicto como un intento cínico de encubrir crímenes de lesa humanidad.
Crímenes documentados
Crímenes documentadosEntre el 18 de abril y el 30 de septiembre de 2018, más de 355 personas fueron asesinadas por disparos de armas de fuego, muchos con tiro certero a la cabeza y el pecho, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La mayoría de las víctimas eran estudiantes, campesinos, periodistas y ciudadanos que protestaban contra una reforma del seguro social impuesta por Ortega.
La represión sistemática fue calificada por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU como crímenes de lesa humanidad.
Los expertos documentaron ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, expropiaciones ilegales y destierro forzado.
Pese a las pruebas y condenas internacionales, el régimen ha optado por instaurar una narrativa oficial que celebra la represión como una victoria política. “Abril creativo” es el nuevo concepto impuesto por el Ministerio de Educación, que también ordenó a todas las escuelas públicas realizar actos conmemorativos, izar banderas del Frente Sandinista y enviar evidencia fotográfica de las actividades partidarias, según denuncias de docentes recogidas por el diario La Prensa.
Paramilitares encapuchados en las calles
Además de obligar a empleados públicos a marchar, el régimen convocó a los llamados “policías voluntarios”, grupos paramilitares vestidos con camisetas blancas, pantalones oscuros, botas negras y pasamontañas.
Estos grupos fueron reactivados en febrero con una juramentación masiva de unas 80 mil personas, según cifras oficiales, a quienes se les prometieron bonos y paquetes alimenticios que aún no se han entregado.
Varios de estos paramilitares recibieron entrenamiento previo por parte de fuerzas de seguridad, confirmaron fuentes del Estado a los medios nicaragüenses. Su presencia en las calles ha sido denunciada como un mecanismo de intimidación y control social, especialmente contra comunidades que aún demandan justicia por los crímenes cometidos durante las protestas.
El exilio forzado y el silencio impuesto
Desde 2018, más de 800 mil nicaragüenses han huido del país, la mayoría por temor a ser encarcelados, torturados o asesinados. A esto se suma la expulsión de organizaciones civiles, medios independientes, órdenes religiosas y universidades, así como la confiscación de sus bienes, en una de las más brutales campañas de aniquilación del pensamiento crítico en América Latina.
“El régimen de Ortega no busca justicia, busca olvido”, denunció recientemente el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, exiliado en Costa Rica. “Estas marchas forzadas son una puesta en escena para fingir respaldo y para borrar de la memoria colectiva la verdad sobre abril”.
En contraste, víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos aseguran que la memoria de abril vive en el exilio, en las denuncias persistentes, y en los expedientes abiertos en tribunales internacionales.
Las organizaciones civiles, católicas, políticas, estudiantiles y periodísticas también preparan actividades conmemorativas de abril, pero desde el exilio en Estados Unidos, México, Costa Rica, España y otros países.
