La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó este martes al obispo de Matagalpa, Rolando José Álvarez Lagos por “menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”, una muestra extrema de la feroz persecución del régimen nicaragüense contra la Iglesia Católica.
Según un Comunicado del Poder Judicial nicaragüense -dominado por la dictadura Ortega-Murillo- Álvarez fue presentado este martes en los Juzgados de Distrito Penal de Audiencia de Managua donde se admitió la acusación presentada por la Flscalía.
Según el comunicado, Álvarez fue acusado de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüenses”.
Álvarez no pudo tuvo derecho a nombrar abogado defensor y el régimen le impuso uno. Además, le decretó arresto domiciliario y programó audiencia inicial para el 10 de enero de 2023.
En la misma causa se encuentra acusado el sacerdote Uriel Antonio Vallejos, quien está exiliado. Vallejos era párroco del municipio de Sébaco, en el departamento de Matagalpa.
Álvarez era el obispo católico más crítico de Ortega y previo a su detención, fue asediado y encerrado en su residencia por policías que no le permitían salir a dar misa.
La dictadura Ortega-Murillo ha creado esos delitos para acusar a presos políticos desde junio del 2021. La dictadura de Managua tiene unos 235 presos políticos entre los que figuran dirigentes políticos, empresariales, estudiantiles, campesinos y feministas, además de periodistas y religiosos.
Álvarez, obispo católico en la norteña ciudad de Matagalpa fue secuestrado por la policía orteguista desde agosto pasado y se desconocía su paradero. Además de Álvarez, hay otro siete sacerdotes encarcelados, dos de ellos con condena impuesta por un juez. También hay dos seminaristas encarcelados y bajo juicio y un diácono encarcelado y procesado.
También al menos 11 religiosos se han exiliado, entre ellos el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez. Varios religiosos han sido expulsados, a otro sacerdote se le ha prohibido salir del país, y a ocho clérigos se les ha prohibido la entrada a Nicaragua.
En junio pasado, la dictadura también anuló la personería jurídica de la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta y expulsó a las religiosas a Costa Rica. El régimen confiscó sus bienes.
Además, en marzo de 2022, la dictadura expulsó al Nuncio Apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, representante del papa Francisco en Nicaragua.