La dictadura Ortega-Murillo profundizó la represión y continuó violando los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las y los nicaragüenses, con el propósito de cerrar todos los espacios democráticos, sembrar el terror y seguir perpetuándose en el poder, según un informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) llamado “Nicaragua: Se impone el Terror, persiste la Resistencia”.
“En 2022 el régimen Ortega Murillo ha impuesto un ESTADO DE TERROR permanente en Nicaragua a costa de numerosas estrategias represivas, que le han permitido permanecer en el poder aun cuando la voluntad de la gran mayoría de nicaragüenses es su salida y la rendición de cuentas por los crímenes cometidos”, dice el informe de 76 páginas del Cenidh.
Según el informe, “la situación de derechos humanos en Nicaragua durante el año 2022 empeoró a tal grado que todo el país estuvo sumido en un ambiente de incertidumbre y desesperanza”.
“Cerramos el año con un saldo absolutamente negativo, en cuanto a la vigencia y respeto de los derechos humanos, de conformidad con las leyes nacionales y estándares internacionales sobre la materia, este es el nuevo contexto que toda la sociedad -campesinos, estudiantes, mujeres, pueblos indígenas, periodistas, defensores de derechos humanos- tenemos que cambiar con decisión, fortaleciendo nuestros esfuerzos, impulsando acciones que nos permitan profundizar nuestro compromiso con la gente, con Nicaragua; debemos avanzar hacia el futuro para lo cual necesitamos más que nunca el acompañamiento firme y decidido de los sistemas y organizaciones internacionales de derechos humanos y el deber de protección de los estados democráticos del mundo”, dice el reporte.
Torturas y tratos crueles
Entre las mayores violaciones a los derechos humanos, el Cenidh registra torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las más de 235 personas presas políticas que se encuentran en las distintas cárceles a nivel nacional.
“El régimen se ha ensañado contra ellos violándoles todos sus derechos humanos, tratándoles como “no personas”, negándoles lo más básico para poder vivir, como el agua, la comida, la salud, y con el claro objetivo de destruirles física y mentalmente junto a sus familias”, señala la organización.
El Cenidh también señala que en 2022 “el Poder Judicial fue el mayor instrumento de represión del régimen Ortega Murillo” porque se ha valido de este “para encarcelar y enjuiciar inocentes en los denominados juicios nulos la acción más aberrante y violatoria de derechos humanos, registrada en la historia más reciente de Nicaragua”.
El informe también señala a la Policía, turbas y fanáticos del régimen “están organizados para mantener constante vigilancia, hostigar, agredir y amenazar a personas consideradas opositoras; excarcelados políticos, familiares de personas presas políticas, activistas sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, en un afán de intimidar y recordar quién tiene el poder y de quién son las calles”.
Las detenciones arbitrarias de personas opositoras (nuevas detenciones o recapturas) han sido una de las prácticas criminales más usadas en 2022 por el régimen Ortega Murillo, según el Cenidh, lo que refleja su incapacidad para gobernar y su falta de voluntad por respetar las leyes nacionales y convenios internacionales de derechos humanos.
Otras violaciones muestran cómo la dictadura “empleó un patrón represivo sin antecedente en Nicaragua y este consistió en apresar a familiares de personas opositoras a las que no ha logrado capturar, exigiéndoles que se entreguen para que sus parientes sean liberados. Una práctica utilizada solo por las mafias o las peores dictaduras del mundo”.
Exilio
El Cenidh también denuncia que “el régimen Ortega Murillo ha ocasionado la desarticulación de las familias nicaragüenses, obligándolas al exilio forzado”.
El reporte señala que en 2022 se produjo “el éxodo más dramático que registra la historia de Nicaragua, al menos 328,443 nicaragüenses tuvieron que salir del país”.
“Esto no fue una decisión espontánea, sino la acción desesperada de un pueblo viviendo una zozobra constante través de encarcelamientos, persecuciones, hostigamientos, estigmatizaciones, crisis económica, galopante por un desempleo que crece cada día y cierra cualquier espacio de realización de una vida digna, todo ello causado por acciones dirigidas y ejecutadas por el régimen Ortega Murillo”, dice el reporte.
Además, el Cenidh señala que “hubo un incremento de las restricciones migratorias que al cierre de este informe se ha mantenido y acrecentado, pues hay varias denuncias (la mayoría no públicas por seguridad), de retención de pasaportes, una estrategia perversa que el régimen inició desde 2021. En todos los casos las retenciones tienen todas las características de represalia política y los oficiales de migración usan excusas como que el pasaporte presenta alguna falla para incautarlo, o simplemente dicen “son órdenes de arriba”. La medida ha sido usada contra opositores, expresos políticos, familiares de presos políticos, periodistas independientes y líderes religiosos”.
El informe denuncia también que “el régimen ha prohibido la entrada de nicaragüenses a su propio país, vulnerando así la Constitución y colocándose al margen de la ley internacional”.
Sin libertad de prensa
El informe también señala que “en Nicaragua no existe la libertad de expresión y prensa” y advierte que “las últimas voces de críticos, periodistas independientes han sido silenciadas, el régimen no solo ha optado por callarlos, también ha usurpado instalaciones y bienes de medios de comunicación. En 2022 la toma total de La Prensa y el exilio de su personal significó el fin de toda esperanza por recuperar la libertad de expresión en el país”.
“También, se registró uno de los hechos sin precedentes, más lamentables para el gremio periodístico: el exilio forzado de toda la sala de redacción de La Prensa, posterior a la cobertura que se hizo de la violenta expulsión de las misioneras de la Orden Madre Teresa de Calcuta, en julio”, dice el reporte.
Persecución religiosa
Además, el Cenidh denuncia que “la libertad de conciencia y religión es causa de hostigamiento, agresiones incluso detención arbitraria y procesamiento de decenas de sacerdotes, incluido el obispo de la Diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez”.
“El régimen Ortega Murillo les ha señalado como sus principales enemigos y está enfocado en destruirles la honra y la reputación”, denuncia el Cenidh.
El informe cita también como otro atropello a la libertad de prensa y expresión, el cierre de medios de comunicación católicos, situación que también se enmarca en un contexto de permanente persecución contra la iglesia y sus clérigos.
“En 2022 se agravó la persecución religiosa, el régimen Ortega Murillo continuó con su propósito perverso de destruir la autoridad de la iglesia por el apoyo que, enmarcado dentro de su labor pastoral ha brindado al pueblo nicaragüense desde la rebelión social iniciada en abril 2018”, dice el informe.
Según el Cenidh, “este patrón represivo incrementó de tal manera que pasó de, daños a la infraestructura de las iglesias e imágenes sacras, hostigamientos durante misas, a la persecución, amenazas de muerte, agresiones, detenciones arbitrarias, criminalización y judicialización de sacerdotes”.
“La persecución contra sacerdotes no tuvo límites en 2022, el régimen Ortega Murillo incluso les imputó delitos comunes, sin presentar elementos probatorios consistentes y creíbles, con el fin de mancharles la imagen por su acompañamiento en la demanda de justicia y respeto a los derechos humanos”, subraya el Cenidh.
Cierre de organizaciones
La represión de la dictadura Ortega-Murillo también alcanzó las personerías jurídicas a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).
“En 2022 se registró el número más alto, alrededor de 3018 oenegés fueron destruidas, lo que Cenidh considera un crimen. No solo significa la violación del derecho de asociación, sino que trastoca el plano individual, afectando a las personas beneficiarias de los programas”, dice el informe.
El Cenidh sostiene que “con la cancelación de más de tres mil organizaciones nacionales e internacionales el régimen Ortega Murillo apostó por silenciar y desarticular a la Sociedad Civil, provocar la destrucción del tejido social, cerrar todos los espacios con el afán de concentrar y fortalecer su dictadura, acaparar la cooperación internacional y usarla para reprimir”
