Diputados de Costa Rica se preparan para levantar inmunidad al presidente Chaves por presunto delito de concusión

El Congreso costarricense podría autorizar el enjuiciamiento de Rodrigo Chaves por beneficiar irregularmente a un empresario con fondos públicos

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, se enfrenta a una creciente presión política y judicial, tras ser acusado formalmente por la Fiscalía General de la República por el delito de concusión, relacionado con la adjudicación irregular de un contrato financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por más de $400.000.

Ante este escenario, diputados de las principales fracciones legislativas han manifestado su disposición a levantarle la inmunidad presidencial, en una señal clara de ruptura institucional.

La acusación penal, dada a conocer este 7 de abril por el Ministerio Público, se suma a una larga lista de más de 40 denuncias, investigaciones y procesos contra el mandatario, que incluyen supuestos actos de corrupción, negligencia en la administración pública, delitos electorales y abuso de poder.

El delito de concusión, tipificado en el artículo 355 del Código Penal costarricense, sanciona con desde 2 años hasta 8 años de prisión al funcionario público que, “abusando de su cargo o funciones, obligue o induzca a alguien a dar o prometer indebidamente un bien o beneficio patrimonial”.

La acusación específica contra Chaves se refiere al caso Bulgarelli-BCIE, en el que se le atribuye haber favorecido indebidamente al comunicador Christian Bulgarelli con un contrato de $405.800, financiado por el BCIE para servicios de comunicación en 2022.

La posibilidad de que el presidente enfrente un juicio penal requiere, según la ley, el voto afirmativo de al menos 38 de los 57 diputados que integran la Asamblea Legislativa. Varios legisladores ya han declarado su anuencia a dar ese paso.

“Daremos nuestros votos. Este es un caso grave, y si se comprueban los hechos, debe haber consecuencias”, expresó Óscar Izquierdo Sandí, jefe del Partido Liberación Nacional (PLN). Desde el Partido Liberal Progresista (PLP), Luis Diego Vargas fue más directo: “Chaves debería renunciar a su inmunidad si, como dice, no tiene nada que temer”.

Desde la Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio y bancadas independientes también hubo respaldo. “Este es un claro gesto de corrupción. Por supuesto, vamos a dar los votos”, declaró Ariel Robles, del Frente Amplio.

“Totalmente de acuerdo con levantarle la inmunidad, por un tema de transparencia”, dijo la socialcristiana Vanessa de Paul Castro, presidenta de la comisión investigadora del Congreso.

Una acusación que escala en medio del desprestigio

El presidente Chaves, que llegó al poder en 2022 con un discurso anticorrupción, enfrenta ahora un proceso judicial sin precedentes en la historia democrática reciente de Costa Rica. La posibilidad real de perder su inmunidad y ser juzgado penalmente se suma al deterioro de su imagen, ya afectada por múltiples escándalos y salidas de tono.

El más reciente ocurrió el 21 de marzo, cuando Chaves protagonizó un incidente en un restaurante de San José al insultar e intimidar públicamente al empresario Christian Bulgarelli, lo que fue captado en video. La escena ha sido calificada por diputados como un acto de “matonismo” y “pachucada” impropia de la investidura presidencial.

“No podemos sorprendernos porque nos gobierna un pachuco. Da vergüenza verlo con esos actos de intimidación”, expresó la diputada Kattia Cambronero, una de las voces independientes más críticas del Ejecutivo.

Chaves perdió el 14% del respaldo popular que tenía en noviembre, según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica. El estudio reveló que un 54% de los costarricenses valora positivamente al mandatario, mientras que las opiniones negativas subieron de 21% a 29% en cuatro meses. El respaldo al Gobierno también cayó del 57% al 50% en el mismo período.

Los datos reflejan un retorno a los niveles de aprobación de mediados de 2024, lejos del entusiasmo de 2022 cuando Chávez asumió la presidencia y contaba con 80 por ciento de simpatía.

El desgaste se acentúa en áreas sensibles como educación y seguridad. El 50% de la población considera que el sistema educativo ha empeorado desde abril de 2024, y un 78% percibe un deterioro en la seguridad, un aumento significativo respecto al 65% registrado en mayo del año pasado.

La inseguridad se consolida como el principal problema del país, mencionado por el 43,7% de los encuestados, seguida por la corrupción (13,9%), la mala gestión del Gobierno (10,4%), el costo de la vida (7,9%) y el desempleo (5,9%). Los resultados se dan a conocer en medio de un año preelectoral, sin candidaturas claras y con un presidente que, pese a la caída, aún mantiene niveles de respaldo considerables.

Un Congreso que se distancia del oficialismo

Aunque el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) con el que Chaves llegó al poder obtuvo originalmente 10 escaños, una escisión interna en 2023 debilitó su base parlamentaria, dejando al mandatario con una mayoría frágil y dependiente de alianzas volátiles.

Hoy, el respaldo legislativo efectivo a Chaves ronda los 9 o 10 diputados, insuficientes para frenar una moción de levantamiento de inmunidad si la mayoría opositora se consolida.

De concretarse el levantamiento de la inmunidad, Chaves se convertiría en el primer presidente costarricense en ejercicio sometido a un proceso penal por delitos cometidos durante su mandato.

El proceso podría abrir la puerta a un juicio penal con consecuencias políticas profundas, en un país donde el respeto al Estado de derecho y la transparencia institucional han sido pilares históricos de su democracia.

El Congreso deberá seguir los procedimientos establecidos en la Constitución y el Código Penal, pero las declaraciones públicas ya dejan entrever que la voluntad política para que Chaves rinda cuentas está tomando forma.

“Tenemos un presidente que actúa en el marco de la corrupción. Y este caso no puede quedar impune”, sentenció la diputada Cambronero.

Mientras tanto, la Fiscalía avanza con una acusación que marca un antes y un después en la rendición de cuentas del poder ejecutivo costarricense.