Los diputados del Partido Liberación Nacional de Costa Rica propusieron se reforme la Constitución Política para permitir que la inmunidad de funcionarios del Estado no sea aplicable cuando se trate de acusaciones por delitos sexuales.
La fracción recomienda que se reforme los artículos 110, 121 y 151 de la Constitución para no permitir que el fuero de los funcionarios evite o retrase procesos penales en su contra, cuando estos se traten de acusaciones por abusos sexuales.
El partido asegura que solo se requiere de establecer la excepción de aplicación por delitos sexuales, para garantizar que la protección se mantenga para quienes ejercen funciones públicas. “Mantiene la inmunidad para lo que se creó”, alegan.
“Costa Rica no puede seguir permitiendo que el poder, la investidura o un curul se conviertan en una barrera entre una víctima y la justicia”, señaló el partido durante la presentación de la propuesta ante medios de comunicación locales.
Los diputados dijeron que la inmunidad no puede seguirse usando cuando las causas “no tengan relación alguna con legislar, gobernar, juzgar o ejercer una función pública” y aseveraron que “un acto de acoso no es parte del trabajo de una diputación, un ministerio o la Presidencia”.
Con estas reformas, los diputados estarían eliminando el procedimiento ordinario para casos de abuso sexual, pues el procedimiento general manda a que la Asamblea Legislativa acuerde por mayoría el retiro del fuero para entonces proceder con el juicio contra los funcionarios.
“La persona denunciada conservará todos sus derechos de defensa y será un tribunal competente quien determine su responsabilidad”, dijeron. Además, añadieron que la iniciativa surge por la gran cantidad de casos denunciados por violencia sexual contra funcionarios.
El último caso sonado es el del diputado de Pueblo Soberano Fernando Obaldía, quien fue denunciado ante la Fiscalía por dos asesoras de su mismo partido por acoso sexual y laboral. La Asamblea ya conformó una comisión encargada de investigar los hechos para luego determinar si emite una sanción ética contra el legislador.