El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Juan Pablo Segura, calificó de “inaceptables” las confiscaciones de propiedades a ciudadanos estadounidenses que ejecuta el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Segura reaccionó en su cuenta de X a un reportaje de Telemundo sobre la incautación de nueve casas de lujo en el municipio de Tola, en el departamento de Rivas.
Las viviendas pertenecen a jubilados estadounidenses y están valoradas en unos 15 millones de dólares.
“La dictadura de Murillo-Ortega realiza incautaciones ilegales de propiedades pertenecientes a ciudadanos estadounidenses que son inaceptables”, escribió el funcionario.
Segura vinculó el caso con la recomendación oficial de ejercer “precaución extrema” antes de invertir en el país, bajo dictadura desde 2007.
Confiscaciones para el Seguro Social
El medio digital Confidencial reveló el caso y documentó que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) se apropió de las viviendas. Según el medio, el INSS pretendía después alquilarlas por unos $2,000 dólares a sus propios dueños.
Sin embargo, la presión pública forzó a las autoridades a retroceder. Hasta el 17 de octubre, el Estado devolvió 8 de las casas a sus dueños, mientras la novena seguía pendiente.
The Murillo-Ortega dictatorship’s illegal seizures of properties owned by American citizens are unacceptable and demonstrate why @StateDept advises Americans to exercise extreme caution before investing in Nicaragua.
As @Telemundo51 reports, authorities are known to seize… https://t.co/2dRLfmfBt7
— Juan Pablo Segura (@WHAAsstSecty) October 22, 2026
Además, Segura instó a los estadounidenses a revisar los riesgos “antes de que se conviertan en su realidad” y a reconsiderar sus viajes a Nicaragua.
Según el funcionario, las autoridades incautan bienes sin previo aviso ni justificación legal.
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Un botín que crece desde 2018
Por su parte, el Departamento de Estado mantiene en su web una alerta que pide reconsiderar los viajes al país. La alerta cita riesgos de delincuencia, salud, detención injusta y aplicación arbitraria de las leyes.
Asimismo, la advertencia oficial señala que las autoridades nicaragüenses pueden confiscar terrenos, viviendas, dinero en efectivo y activos financieros sin notificación previa.
De hecho, desde la represión de las protestas de 2018, el Estado se adueñó de centenares de propiedades. Entre ellas figuran bienes de las más de 5.600 ONG canceladas, de iglesias católicas y evangélicas, de opositores desterrados y de empresarios.
Por último, Confidencial contabilizó unas 372 propiedades confiscadas que pasaron a manos del INSS entre agosto de 2024 y octubre de 2026.