El gobierno de Estados Unidos canceló las visas a más de una docena de guatemaltecos, entre los que figuran miembros del Ministerio Público de Guatemala, del gobierno y privados y sus familiares, por “socavar la democracia y el estado de derecho”.
El Departamento de Estado informó, por medio del portavoz Metthew Miller, que los sancionados han participado en acciones que atentan contra el proceso electoral y la voluntad de los ciudadanos.
“Estamos imponiendo restricciones de visado a más de una docena de personas, y a sus familiares inmediatos, por socavar la democracia y el estado de derecho. Estas personas incluyen funcionarios del Ministerio Público y otros actores del sector público y privado que se dedican a socavar la democracia o el estado de derecho en Guatemala. El pueblo guatemalteco ha hablado. Sus voces deben ser respetadas”, dijo en un comunicado.
Como dije antes, durante y después de mi viaje a Guatemala la semana pasada, seguiremos actuando para promover la rendición de cuentas de aquellos en los sectores público y privado que pretenden protegerse a sí mismos en lugar de proteger los derechos del pueblo guatemalteco.-BAN…
— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) October 31, 2023
“Estados Unidos apoya a quienes buscan salvaguardar la democracia y el estado de derecho en Guatemala”, agrega.
El secretario adjunto de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, publicó en su cuenta en X “como dije antes, durante y después de mi viaje a Guatemala la semana pasada, seguiremos actuando para promover la rendición de cuentas de aquellos en los sectores público y privado que pretenden protegerse a sí mismos en lugar de proteger los derechos del pueblo guatemalteco”.
El lunes y martes de la semana anterior, Nichols sostuvo una serie de reuniones en este país centroamericano, incluida una con Bernardo Arévalo, el presidente electo, cuyo partido, Movimiento Semilla es amenazado con la cancelación por una arremetida del Ministerio Pública, avalada por el juez Fredy Orellana.
El “comportamiento antidemocrático socava las instituciones democráticas de Guatemala y es inconsistente con los principios de la Carta Democrática Interamericana. Nos unimos a otras instituciones regionales e internacionales, incluida la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para pedir una transferencia de poder que respete la voluntad popular y se adhiera al estado de derecho en Guatemala”, agregó el Departamento de Estado.
Las nuevas sanciones se dieron a conocer el día en que el Tribunal Supremo Electoral dejó en firme los resultados al cerrar oficialmente el proceso, lo que da pie a que el Ministerio Público encabezado por Consuelo Porras continúe con su “persecución política”.