La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, anunció el viernes sanciones contra tres funcionarios y exfuncionarios guatemaltecos y contra dos funcionarios salvadoreños, por estar implicados en actos de corrupción.
Estados Unidos les aplica a los cinco funcionarios la Ley Global Magnitsky que sanciona a violadores de Derechos Humanos y funcionarios corruptos. Esa ley bloquea todos los bienes y cuentas en Estados Unidos de los sancionados.
Según la OFAC, la designación de los cinco centroamericanos -en un listado de más de 40 ciudadanos de nueve país- es por ser “responsables o cómplices, o hayan participado directa o indirectamente en actos de corrupción, incluida la apropiación indebida de bienes del Estado , la expropiación de bienes privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el soborno”.
Los tres guatemaltecos son el expresidente del Congreso, Allan Estuardo Rodríguez Reyes, el congresista Jorge Estuardo Vargas Morales y el exministro de Energía y Minas Luis Alfonso Chang Navarro. Los salvadoreños son el actual Secretario Presidencial de Asuntos Legales, Conan Tonathiu Castro Ramírez y el ministro del Trabajo, Óscar Rolando Castro.
Las sanciones de este viernes son basadas en la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos, emitida el 20 de diciembre de 2017, en reconocimiento de que la prevalencia del abuso de los derechos humanos y la corrupción que tiene su origen, en su totalidad o en parte sustancial, fuera de los Estados Unidos, había alcanzado tal alcance y gravedad que amenazaba la estabilidad del derecho internacional. sistemas políticos y económicos.
Guatemala: señalamientos de sobornos
Según la OFAC, Allan Estuardo Rodríguez Reyes, usó su autoridad como presidente del Congreso (entre 2020 y 2022) “para otorgar subvenciones para la construcción a cambio de sobornos financieros”.
“Rodríguez ha utilizado su influencia política para llegar a acuerdos a cambio de sobornos y facilitó sobornos a otros, incluso, por ejemplo, supuestamente ofreciendo sobornos a cambio de votos en un proyecto de ley sobre el estado de emergencia durante una sesión plenaria del Congreso”, señala la OFAC.
En el caso del congresista Jorge Estuardo Vargas Morales, lo señalan por ser uno de los cabecillas de “una red diseñada para controlar contratos y operaciones en puertos administrados por el gobierno para beneficio personal”.
Según la OFAC, Vargas eupervisa la ejecución del proyecto una vez que se adjudican los contratos y paga un porcentaje a los miembros de la junta que votan a favor. Además, Vargas controla el empleo en el puerto a través de su influencia en los sindicatos portuarios y utiliza esos sindicatos para ganar influencia política.
“Mantiene lealtades pagando sobornos a cambio de que los sindicatos creen bloqueos y huelgas para promover objetivos políticos”, dice la OFAC.
En el caso de Luis Alfonso Chang Navarro, quien fue Ministro de Energía y Minas de 2016 a 2020, en el gobierno de Jimmy Morales, lo señalan por usar su posición para asegurar sobornos. Chang era también el jefe del directorio del Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala (INDE).
“Solicitó sobornos y otros favores a cambio de no revocar una licencia de explotación petrolera. El modus operandi de Chang era usar su posición como Ministro para “crear problemas” a un negocio y luego ofrecer una solución a cambio de sobornos y otros favores ilegales”, dice la OFAC.
Dos funcionarios actuales
Dos altos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele aparecen señalados por corrupción.
El primero es Conan Tonathiu Castro Ramírez, quien es señalado que como Secretario Legal Presidencial “obstruyó las investigaciones sobre la apropiación indebida de fondos públicos durante la respuesta del gobierno a la pandemia y usó su cargo para obtener ganancias financieras personales”.
En el caso del ministro de Trabajo, Oscar Rolando Castro, los señalan porque “incurrió en actos de corrupción y malversación de fondos públicos para su beneficio personal”.
“Como ministro, usó su cargo para influir en los sindicatos para que se alinearan con los intereses políticos del Ministerio del Trabajo y participaran en actividades que lo beneficiaran a él y a sus aliados políticos para recibir un procesamiento acelerado de sus credenciales. Algunos de los que aceptaron recibieron beneficios adicionales, como acceso favorecido para viajes internacionales, mientras que algunos de los que se negaron a alinearse con Castro enfrentaron hostigamiento, represalias y demoras en la certificación sindical”, señala la OFAC.