La lista Engel de actores “corruptos y antidemocráticos” emitida este miércoles por Estados Unidos contra 39 centroamericanos, incluye a 13 nicaragüenses que son la estructura clave de la dictadura sandinista para desterrar a opositores, confiscar sus bienes y cerrarles sus cuentas bancarias y beneficios de Seguridad Social y otros derechos.
El Departamento de Estado emite por ley un informe al Congreso estadounidense sobre personas extranjeras que se han comprometido a sabiendas en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticas, la corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Los sancionados no son elegibles para visas y admisión en los Estados Unidos y cualquier visado vigente es revocado inmediatamente.
“Este informe incluye a las personas que se ha determinado que han participado en la actividad relevante sobre la base de información o acusaciones creíbles de la conducta en cuestión, de informes de los medios de comunicación y otras fuentes”, señala el reporte.
Estos son los corruptos
Los sancionados nicaragüenses todos son de posiciones altas y medias dentro de la dictadura: desde militares a policías, hasta diputados y magistrados del Poder Judicial.
Wendy Carolina Morales Urbina, Procuradora General de la República de Nicaragua, socavó los procesos o instituciones democráticas, utilizando la oficina del procurador general para facilitar una campaña coordinada para suprimir la disidencia, confiscando propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal.
Urbina también se ha apoderado de propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales bajo leyes explícitamente diseñadas para suprimir la libertad de asociación.
La diputada Arling Patricia Alonso Gómez, la actual primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en represalias coordinadas del gobierno para despojar a la ciudadanía nicaragüense de los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
Diputada Gladis de los Ángeles Báez, actual segunda vicepresidente de la Asamblea Nacional, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en represalias coordinadas del gobierno para despojar a la ciudadanía nicaragüense de los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
Su hijo Camilo Báez, es paramilitar confeso y ha participado en crímenes contra opositores bajo el manto de impunidad de la diputada Báez.
Diputada Loria Raquel Dixon Brautigam, primera secretaria de la Asamblea Nacional, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en represalias coordinadas del gobierno para despojar a la ciudadanía nicaragüense de los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
El diputado Alejandro Mejía Ferreti, tercer secretario de la Asamblea Nacional, socavó los procesos e instituciones democráticas al participar en represalias coordinadas del gobierno para despojar a la ciudadanía nicaragüense de los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo. Llegó a ese cargo como aliado liberal de la dictadura y vota en favor de todas las resoluciones arbitrarias del FSLN.
Magistrada Rosa Argentina Solís Dávila, del Tribunal de Apelaciones Penales de Managua, socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar el Tribunal de Apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia al despojar a la ciudadanía nicaragüense de los opositores a la dictadura.
Magistrada Angela Dávila Navarrete, actual jueza del Tribunal de Apelaciones Penales de Managua, socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar el tribunal de apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y suprimir la disidencia al despojar a la ciudadanía nicaragüense a opositores a la dictadura.
Mayor General del Ejército de Nicaragua, Denis Membreño Rivas, el actual director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la unidad de delitos financieros del gobierno de Nicaragua, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para suprimir la disidencia, utilizando su posición para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 expresos políticos, sin ninguna base legal.
Comisionado general de la sancionada Policía Nacional, Aldo Martín Sáenz Ulloa, actual subdirector de la UAF, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia, utilizando su posición para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 expresos políticos, sin pruebas ni procesos válidos.
Abogada Valeria Maritza Halleslevens Centeno, actual directora de la Dirección Nacional de Oficinas de Registro de Propiedades (DNR), socavó los procesos o instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo coordinado del gobierno para confiscar la propiedad de los opositores políticos.
Es pariente del general en retiro y ex vicepresidente de Nicaragua, Omar Halleslevens.
Abogado Eduardo Celestino Ortega Roa, actual subdirector de la DNR, socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo coordinado del gobierno para confiscar la propiedad de los opositores políticos.
Abogada y administradora Marta Mayela Díaz Ortiz, actual superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras (SIBOIF), socavó los procesos o instituciones democráticas al usar SIBOIF para proporcionar la información financiera de disidentes políticos en el exilio y ex prisioneros políticos a funcionarios del poder judicial nicaragüense como parte de un esfuerzo coordinado del gobierno para suprimir la disidencia mediante la incautación de los bienes y cuentas bancarias.
Doctora Sagrario de Fátima Benavides Lanuza, subdirectora del Instituto de Seguridad Social de Nicaragua, socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar su posición e influencia para facilitar una campaña gubernamental coordinada y políticamente motivada para terminar y apoderarse de las pensiones de los adversarios políticos sin una base legal.