El gobierno de Estados Unidos anunció que en la medida en que la situación de derechos humanos en Nicaragua va empeorando, seguirá aplicando sanciones a la dictadura que encabeza Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Así lo anunció Eric Jacobstein, subsecretario adjunto del Departamento de Estado durante una conferencia del Foro Centroamericano de Donantes en San José, Costa Rica.
Según el alto funcionario estadounidense, la Casa Blanca ha sancionado a más de 1,00 individuos sandinistas involucrados en la represión y violación masiva de derechos de ciudadanos nicaragüenses, desde el inicio de las protestas sociales de abril de 2018, aplastadas a balas por la dictadura Ortega-Murillo.
Las sanciones se enmarcan en leyes estadounidenses como La Ley Magnitsky, Lista Engel y Ley Renacer, que incluyen el retiro de visas, impedimentos de hacer negocios con Estados Unidos y socios, congelamiento de fondos y alertas financieras en el sistema bancario internacional.
Las sanciones han sido aplicadas en su mayoría a título individual, pero también a instituciones claves en el sistema de represión como Policía, Fiscalía, Poder Judicial, empresa de Energías y Minas.
Los sancionados incluyen a la vicedictadora Rosario Murillo, su familia, diputados, magistrados, jueces, fiscales, militares y policías.
Jacobstein reveló que desde 2022 iniciaron una estrategia de presión internacional a la dictadura, que incluye las sanciones y la denuncia de sus abusos, y aunque consideran que han sido efectivos, estima que aún hay mucho trabajo por delante.
“En junio de 2022 empezamos sancionando a la empresa estatal de minería y luego vino la recolocación de la cuota azucarera de Nicaragua en julio de ese mismo año, y luego la ley ejecutiva del presidente Biden que nos habilitó para imponer mayores sanciones”, dijo.
Jacobstein admitió que es un desafío sostener las sanciones contra Ortega y Murillo, ambos parecen decididos a permanecer en el poder a costa de todo.
“Daniel Ortega y Rosario Murillo son individuos que perdieron el poder una vez y no quieren volver a perderlo nunca y harán cualquier cosa para evitar elecciones libres y que la sociedad civil tenga voz”.
No obstante, advirtió que Estados Unidos “está dispuesto a continuar (sancionando), pero también instó a otros entes internacionales a sumarse a las presiones.
“Las continuas violaciones de derechos humanos en Nicaragua continúan empeorando, justo ayer presenciamos la situación con el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas”, el INCAE, un centro de educación superior cuya personería jurídica fue cancelada a instancias del Ministerio de Gobernación por supuestos incumplimientos ante el Estado de Nicaragua.
Jacobstein también mencionó el cierre y confiscación de la Universidad Centroamericana y la expulsión de los jesuitas.
“Rompe el corazón ver gente que debería estar trabajando en su país, gente muy talentosa que lamentablemente está en el exilio y no pueden hacer lo que saben hacer”, dijo Jacobstein en relación al éxodo de nicaragüenses que han huido de la represión y abusos del régimen sandinista.
El funcionario advirtió que las sanciones siguen vigentes y están en constante contacto con Washington para darle seguimiento a la situación de Nicaragua y actuar en demanda de democracia y respeto a los derechos humanos.