La dictadura de Nicaragua no cumple plenamente con los estándares mínimos para combatir la trata de personas y tampoco realiza esfuerzos significativos para erradicar este delito, según el informe del Departamento de Estado sobre tráfico de personas, que mantiene al país centroamericano en el nivel 3, la categoría más baja de evaluación.
El documento señala que las autoridades nicaragüenses continúan minimizando la gravedad de la trata de personas, una situación que dificulta la prevención, la aplicación de las leyes y la protección de las víctimas. También advierte que los servicios de asistencia siguen siendo insuficientes, mientras que las restricciones impuestas a las organizaciones de la sociedad civil limitan la atención a las personas afectadas.
Durante 2025, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reportó siete investigaciones por trata de personas, el inicio de procesos judiciales contra 15 sospechosos y seis condenas. Dos investigaciones y dos procesos estuvieron relacionados con explotación laboral infantil, mientras que los restantes incluyeron delitos de explotación sexual o adopciones ilegales. Las seis personas condenadas recibieron penas de 20 años de prisión y multas, según la información oficial recogida en el informe.
Sin embargo, el documento cuestiona la confiabilidad de las estadísticas gubernamentales y recoge señalamientos de observadores sobre una posible clasificación incorrecta de los delitos para reducir artificialmente la dimensión del problema. Además, las autoridades no informaron sobre investigaciones, procesos o condenas contra funcionarios presuntamente involucrados en redes de trata, pese a las preocupaciones por corrupción y complicidad oficial.
En materia de protección, Nicaragua identificó y asistió a nueve víctimas menores de edad, de las cuales seis fueron sometidas a explotación sexual y tres a servidumbre doméstica. El informe advierte que el país carece de refugios especializados para víctimas de trata y que la capacidad de atención prolongada es limitada. El cierre de más de 5,700 organizaciones no gubernamentales desde 2018 también redujo las posibilidades de asistencia independiente.
Las comunidades de las dos regiones autónomas del Caribe nicaragüense enfrentan riesgos particularmente elevados debido a la pobreza, la limitada presencia de las autoridades y las dificultades de acceso a la justicia. El documento señala que mujeres, niños y comunidades indígenas están expuestos a explotación sexual y laboral, especialmente en actividades agrícolas, construcción, minería, servicio doméstico y otros sectores informales.
El informe también identifica nuevas modalidades de captación mediante redes sociales y falsas ofertas de empleo con salarios atractivos. Entre los grupos vulnerables figuran los migrantes, los menores cuyos padres salieron del país para trabajar y las personas que buscan oportunidades económicas en el extranjero. Asimismo, recoge denuncias sobre el reclutamiento engañoso de mujeres latinoamericanas, incluidas nicaragüenses de entre 18 y 22 años, para trabajar en instalaciones de producción de drones militares en Rusia, donde se reportan condiciones asociadas con indicadores de trata.
Aunque Nicaragua informó sobre capacitaciones a policías, fiscales, jueces y otros funcionarios, así como campañas de prevención, el documento concluye que las acciones siguen siendo insuficientes. También señala la falta de asistencia a víctimas nicaragüenses explotadas en el extranjero, la ausencia de información sobre recursos destinados a su protección y las dificultades para investigar y sancionar a los responsables, factores que mantienen al país en el nivel 3.







