El deterioro de salud del dictador nicaragüense, Daniel Ortega, y la concentración de poder en manos de su esposa y codictadora Rosario Murillo aumentan las interrogantes sobre el futuro del régimen nicaragüense, según un análisis publicado en noviembre de 2026 por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), que advierte sobre los riesgos de una sucesión política dentro de la familia gobernante.
Ortega reapareció públicamente el pasado 9 de noviembre, después de casi 70 días de ausencia, durante un homenaje a Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El gobernante mostró dificultades para caminar, hablar y coordinar sus movimientos durante una ceremonia que se prolongó por unos 25 minutos. Su aparición ocurrió en medio de rumores sobre su estado de salud y fue interpretada por algunos sectores como una “prueba de vida”.
En un análisis titulado “Una dinastía con pies de barro”, el Cetcam sostiene que Murillo trabaja desde hace años para asegurar su permanencia al frente del poder político nicaragüense. Su influencia aumentó desde el regreso de Ortega al poder en 2007, cuando asumió funciones como primera dama, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía y vocera gubernamental. Posteriormente, ocupó la vicepresidencia entre 2017 y 2025, hasta que una reforma constitucional estableció la figura de la copresidencia.
El Cetcam señala que las modificaciones constitucionales aprobadas en 2025 y 2026 fortalecieron las facultades del Ejecutivo y redujeron la autonomía de otras instituciones estatales. Entre los cambios destaca la subordinación de los demás poderes del Estado a la presidencia, la ampliación de los períodos de los cargos electivos a siete años y la suspensión de las votaciones previstas para noviembre de 2026. También se eliminó la figura de los vicepresidentes, sustituida por “designados presidenciales” nombrados directamente por los copresidentes.
El análisis indica que Murillo también reforzó su influencia sobre instituciones gubernamentales y funcionarios cercanos, entre ellos el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, y la procuradora de justicia, Wendy Morales. Asimismo, integrantes de la familia Ortega Murillo asumieron mayores responsabilidades. Laureano Ortega recibió facultades de representación para suscribir acuerdos internacionales, Daniel Edmundo coordina medios gubernamentales y sus relaciones con agencias rusas y chinas, mientras que Camila dirige la comisión de “economía creativa” y desempeña funciones como asistente personal de su madre.
Otro de los aspectos señalados por Cetcam es la reorganización de las estructuras de poder mediante la separación de antiguos colaboradores del sandinismo. El informe menciona los casos de Humberto Ortega, hermano del mandatario y antiguo jefe del Ejército, quien murió bajo custodia estatal en 2024; Bayardo Arce, exintegrante de la dirección del FSLN; y Francisco López, vinculado a la administración de los negocios familiares. Según el centro de estudios, estos movimientos buscan reducir posibles resistencias internas ante una eventual sucesión.
En el ámbito internacional, el documento destaca que el régimen nicaragüense intensificó sus relaciones con Rusia, China, Belarús y otros países mediante acuerdos de cooperación y vínculos diplomáticos. También señala que durante 2026 las autoridades moderaron sus confrontaciones públicas con Estados Unidos y el presidente Donald Trump. Cetcam interpreta estas acciones como parte de una estrategia para asegurar respaldo político y económico frente a una eventual transición del poder.
Sin embargo, el centro de estudios considera que el principal desafío de Murillo será conseguir legitimidad y aceptación tanto dentro del oficialismo como entre la población nicaragüense.
El informe recuerda que las protestas de abril de 2018 alteraron los planes de continuidad política del gobierno y profundizaron la crisis sociopolítica. Aunque Murillo consolidó su autoridad mediante reformas institucionales, cambios en los mandos estatales y alianzas internacionales, Cetcam advierte que estos mecanismos no garantizan una sucesión estable cuando Ortega deje de ejercer el poder.







