El partido Libertad y Refundación (Libre), que gobernó Honduras entre 2022 y enero de 2026, calificó de “monstruo jurídico” las reformas penales contra las pandillas y crimen organizado aprobadas el 27 de octubre por el Congreso Nacional.
La organización sostuvo que los cambios vulneran derechos constitucionales y tratados internacionales. Además, pidió someter la normativa a un examen jurídico para dejarla sin efecto.
En un comunicado, Libre cuestionó 2 medidas en particular: el uso de tatuajes y símbolos como indicios de pertenencia a estructuras criminales y la posibilidad de realizar allanamientos sin autorización judicial previa en determinadas situaciones.
Libre advierte sobre perfilamiento por apariencia
El partido afirmó que las reformas pueden propiciar la criminalización de jóvenes por su apariencia física, especialmente de quienes viven en barrios y zonas vulnerables.
PARTIDO LIBRE COMUNICA
REFORMAS PENALES APROBADAS POR EL CONGRESO NACIONAL: UNA ACCIÓN DE CRIMINALIZACIÓN Y RETROCESO DE LAS LIBERTADES INDIVIDUALES. UN MONSTRUO JURÍDICO pic.twitter.com/eVMfDWWaij
— Partido Libre (@PartidoLibre) October 29, 2026
Según su postura, las autoridades deben investigar hechos concretos y no prejuzgar a una persona por sus tatuajes. La normativa, sin embargo, contempla el uso de estos elementos como indicios para acreditar vínculos con organizaciones criminales.
Libre también cuestionó las facultades policiales para ingresar a viviendas sin una orden judicial previa en situaciones de urgencia contempladas por el decreto. Consideró que esa disposición amenaza la inviolabilidad del domicilio.
Las reformas endurecen las penas contra las pandillas
El paquete aprobado busca reforzar la persecución de maras, pandillas y otras estructuras criminales. Entre sus medidas figura la cadena perpetua para determinados delitos y responsables, así como condenas de 30 a 40 años para integrantes de organizaciones terroristas.
Los cambios también amplían hasta 48 horas el plazo para presentar a determinados detenidos ante la autoridad judicial y endurecen las condiciones penitenciarias para internos considerados de alta peligrosidad.
Libre acusó además al Partido Nacional, que gobierna Honduras desde enero de 2026, de promover procesos judiciales selectivos contra dirigentes opositores. No aportó en el comunicado pruebas específicas para respaldar esa acusación.
El partido vinculó sus críticas con la defensa de las garantías individuales y rechazó lo que describió como un régimen autoritario.
Las reformas entran así en el centro de la disputa política entre el oficialismo y la oposición, mientras Libre reclama una revisión de su constitucionalidad.