La Asamblea Legislativa salvadoreña extendió por novena ocasión el régimen de excepción que suspende varios derechos constitucionales y con el que el gobierno de Nayib Bukele ha desatado una llamada “guerra contra las pandillas”
“Como Órgano Legislativo vamos a apoyar esta medida con el mismo compromiso, la misma confianza y la misma firmeza con la que lo hicimos, por primera vez, en el mes de marzo”, expresó el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro.
“Vamos a hacer todo lo necesario -y el tiempo que sea necesario- para que los terroristas jamás vuelvan a nuestras comunidades”, agregó Castro.
La medida fue extendida hasta el 13 de enero próximo y recibió el voto favorable de 67 diputados. La medida está en vigencia desde finales de marzo pasado cuando ocurrió una ola de más de 80 homicidios.
El jefe de la bancada oficialista, Nuevas Ideas, Christian Guevara, aseguró el miércoles que es muy posible que la medida continúe vigente durante 2023.
Desde entonces, más de 60 mil sospechosos de ser miembros de pandillas o colaboradores de estas bandas, han sido capturados. Sin embargo, organismos locales e internacionales de Derechos Humanos han denunciado capturas arbitrarias, maltratos y pésimas condiciones de encarcelamiento, algo que el gobierno salvadoreño ha desestimado.
“Este régimen de excepción ha sido cuestionado por personas u organismos internacionales que ni siquiera han entendido la realidad por la que ha pasado el país durante dos décadas. Estábamos bajo un régimen de muerte y secuestrados por estos terroristas”, dijo el miércoles el ministro salvadoreño de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la solicitud de prórroga.
En el mismo periodo, las autoridades reportan incautación de más de 2 mil armas de fuego y 2, 448 vehículos. También se han decomisado 14, 230 teléfonos celulares y $1.4 millones en efectivo proveniente de extorsiones.
“Es innegable el resultado positivo que el régimen de excepción ha traído en nuestro país. De haber comunidades consideradas de alto riesgo, o llamadas ‘comunidades rojas’, estas han dado un giro de 180° al convertirse en zonas seguras y libres de pandilleros”, dijo el parlamentario oficialista Caleb Navarro.
La diputada opositora, Claudia Ortiz no votó a favor de la prórroga y abogó por “una solución permanente que pase por el respeto a los derechos humanos, el respeto a la legalidad, la independencia judicial, la capacidad de las instituciones de investigar y de determinar los crímenes y no solamente por un hecho mediático”.
