El Vaticano estaría buscando mecanismos para abrir un diálogo con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según reveló en Costa Rica el obispo nicaragüense Carlos Herrera, quien presidió la Conferencia Episcopal de Nicaragua hasta el pasado 10 de noviembre.
Herrera lo manifestó a Artículo 66 desde San José, donde participa en una reunión del Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC).
Según relató, el pontífice abordó brevemente la situación de la Iglesia nicaragüense y las dificultades para un acercamiento con las autoridades.
«El Papa está en esa situación de poder ver si se puede dialogar con el Gobierno, y que en todo momento no ha sido posible», dijo el religioso. Sin embargo, no confirmó detalles de gestiones ni de posibles negociaciones.
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Relevo en la cúpula episcopal
Las declaraciones llegan siete días después de que monseñor Jorge Solórzano fuera elegido presidente de la Conferencia Episcopal, en sustitución de Herrera, hasta completar el período que concluye en 2027.
La directiva la integran también el cardenal Leopoldo Brenes, vicepresidente; Sócrates René Sándigo, secretario general; y Marcial Humberto Guzmán Saballos, ecónomo.
Herrera evitó precisar si el relevo responde a alguna gestión del Vaticano.
Herrera presidía el organismo antes de su destierro en 2024, en medio de la persecución del régimen contra la jerarquía católica, que también ha forzado al exilio a otros obispos.
Aun así, afirma que continúa representando a la Iglesia nicaragüense en foros internacionales.
Una relación marcada por la tensión
La relación entre la dictadura sandinista y la Iglesia se deterioró tras las protestas de 2018, cuando los obispos mediaron en el diálogo nacional y Ortega los acusó de respaldar un intento de golpe.
En 2022, el régimen expulsó al nuncio Waldemar Sommertag. Un año después, el papa Francisco calificó al régimen de «dictadura grosera» y Managua rompió relaciones con la Santa Sede.
Desde entonces, el régimen ha encarcelado y desterrado a sacerdotes y obispos, entre ellos Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión y desterrado al Vaticano en enero de 2024.
