La corrupción sigue siendo un problema crítico en América Latina, con varios países de la región registrando puntuaciones preocupantes en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, publicado por Transparencia Internacional (TI). En este contexto, Honduras y El Salvador, dos países clave de América Central, presentan desafíos significativos en la lucha contra la corrupción, con caídas y obstáculos que afectan la confianza en sus gobiernos y en la administración pública.
Este informe revela las dinámicas de corrupción que persisten en la región y destaca las reformas necesarias para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.
Honduras: Retroceso en la lucha contra la corrupción
Honduras ha experimentado un ligero retroceso en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, obteniendo una calificación de 22 puntos, lo que representa una caída de un punto en comparación con el resultado de 23 puntos alcanzado en 2023.
Aunque la disminución es pequeña, el país sigue enfrentando serios retos en la lucha contra la corrupción, situándose por debajo de países como Costa Rica, Panamá y El Salvador, pero por encima de Nicaragua. Esta puntuación coloca a Honduras en el mismo nivel que países como Azerbaiyán, Líbano y Rusia, lo que refleja una situación de gran preocupación.
El informe de TI destaca que la violencia contra los defensores del medioambiente y los derechos humanos es un indicador alarmante de los vínculos entre la corrupción y el crimen organizado en el país.
Desde 2019, al menos 71 defensores ambientales han sido asesinados, lo que subraya la gravedad del problema.
Índice de Percepción de Corrupción 2024: Resultados para Honduras https://t.co/bgdPosyYC8
— Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) (@asjhn1) February 11, 2025
La ONG Global Witness denuncia que la impunidad en los asesinatos está estrechamente relacionada con la corrupción en los sectores empresariales y políticos, lo que impide avances significativos en la transparencia y justicia.
El Salvador: Ley de Contrataciones Públicas y sus efectos negativos
El Salvador también ha sido señalado en el informe de Transparencia Internacional 2024, con una puntuación de 30 puntos en el IPC.
Aunque el descenso es menos pronunciado que en Honduras, el país enfrenta un retroceso significativo desde 2015, cuando obtuvo una calificación mucho más alta. Uno de los principales factores mencionados por TI es la reciente reforma a la Ley de Contrataciones Públicas, aprobada en 2023 por el partido oficialista Nuevas Ideas. Esta ley ha sido señalada por diversas organizaciones no gubernamentales por limitar el acceso público a la información.
Según el informe, la ley otorga una mayor discrecionalidad a las autoridades encargadas de la contratación pública, lo que impide una supervisión adecuada y facilita posibles actos de corrupción en los procesos de adquisición de bienes y servicios del Estado.
La Ley de Compras Públicas, que sustituye a la anterior normativa, excluye a las pequeñas y medianas empresas del proceso de licitación, lo que ha generado preocupaciones entre los sectores económicos del país.
Organizaciones como la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) han criticado que esta reforma fue aprobada sin un proceso técnico adecuado y de manera apresurada, lo que podría tener consecuencias negativas en la transparencia y en la eficiencia del gasto público.
La situación de la corrupción en América Latina
El informe global de Transparencia Internacional revela un panorama preocupante en toda América Latina, con una gran parte de los países de la región enfrentando altos niveles de corrupción. En el índice, la mayoría de los países latinoamericanos obtienen puntuaciones por debajo de los 50 puntos, lo que refleja la persistencia de la corrupción y la debilidad institucional en muchos gobiernos.
Sin embargo, se destacan casos positivos como los de Uruguay, Chile y Costa Rica, que son los tres países latinoamericanos con las puntuaciones más altas, superando los 50 puntos.
Uruguay lidera la región con 73 puntos, seguido por Chile con 66 y Costa Rica con 55, lo que muestra que, a pesar de los retos, algunos países han logrado avances importantes en términos de transparencia y rendición de cuentas.
Por otro lado, Venezuela y Nicaragua ocupan los últimos lugares en el índice, con puntuaciones alarmantemente bajas de 13 y 17 puntos, respectivamente. La falta de independencia judicial y la impunidad generalizada en estos países son factores cruciales que perpetúan la corrupción y la falta de transparencia en la administración pública.
En particular, TI señala que en estos países no existe una separación clara de poderes, lo que contribuye a la opacidad en la gestión pública y a la difusión entre lo legal y lo ilegal.
La necesidad urgente de reformas y protección a los denunciantes
El informe de TI enfatiza que, para combatir la corrupción de manera eficaz, es esencial garantizar la independencia judicial y fortalecer los mecanismos de control y supervisión en todos los niveles del gobierno.
La protección a los defensores del medioambiente, los derechos humanos y los denunciantes de corrupción es igualmente crucial.
Según TI, las sociedades deben crear un entorno en el que quienes exponen actos de corrupción puedan hacerlo sin temor a represalias.
El caso de Honduras, donde defensores ambientales han sido asesinados por exponer la corrupción en sectores clave, es un claro ejemplo de la urgencia de estas reformas.
TI subraya que la falta de protección para estos defensores y la impunidad frente a los crímenes cometidos contra ellos perpetúan un ciclo de corrupción y violencia en la región.
Un desafío global y regional
El Índice de Percepción de la Corrupción 2024 pone de manifiesto que la corrupción sigue siendo un obstáculo crítico en el camino hacia sociedades más justas, pacíficas y sostenibles, no solo en América Latina, sino a nivel global.
Con más de dos tercios de los países del mundo obteniendo puntuaciones inferiores a 50 puntos, la necesidad de medidas urgentes y eficaces contra la corrupción es más evidente que nunca.
Los países de América Latina, como Honduras y El Salvador, deben implementar reformas significativas en sus sistemas judiciales y de contratación pública, y garantizar la protección de quienes luchan por la transparencia, para así avanzar en la creación de un entorno más justo y libre de corrupción.
