El gobierno de España se ofreció a naturalizar a 94 nicaragüenses declarados “traidores a la patria”, una semana después de hacer la misma propuesta a 222 presos políticos expulsados a Estados Unidos y despojados de su ciudadanía por la dictadura de Daniel Ortega.
“El Gobierno de España ha extendido a los últimos 94 ciudadanos nicaragüenses a los que les ha sido retirada su nacionalidad, la oferta de nacionalidad española”, informó en un comunicado el ministerio español de Asuntos Exteriores.
El documento indica que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, le comunicó esa decisión al escritor y exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, una figura importante de la oposición al dictador Daniel Ortega.
Ramírez, que figura en la lista de 94 nicaragüenses privados de su nacionalidad, vive refugiado en Madrid desde 2021 y tiene la doble nacionalidad española y nicaragüense.
En la lista también están la escritora Gioconda Belli, el obispo católico Silvio Báez, los excomandantes guerrilleros Luis Carrión y Mónica Baltodano y la activista de derechos humanos Vilma Núñez.
El ministerio español indicó además que está determinado a otorgar la nacionalidad española “a cualquier ciudadano de Nicaragua que en el futuro pueda quedar en situación de apatridia por las decisiones del gobierno de Daniel Ortega”.
Condenan escalada de violaciones a derechos humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe Inglés (OACNUDH) condenaron las nuevas violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura de Nicaragua, que se han acelerado de manera alarmante en los últimos días.
“La criminalización de la labor de estas personas, legítima y necesaria en una sociedad democrática es inaceptable, por lo que llamamos conjuntamente al Estado a revertir urgentemente esta decisión”, dice un comunicado emitido este viernes.
También fustigaron la condena del obispo Rolando Álvarez, sentenciado a 26 años de cárcel por un tribunal de la dictadura Ortega-Murillo.
“Todo indica que fue condenado en plena violación de garantías procesales y actualmente se encontraría en aislamiento en una celda de máxima seguridad. La CIDH y la OACNUDH llaman a su liberación inmediata e incondicional, junto a las más de 30 personas que permanecen privadas de libertad arbitrariamente en Nicaragua”, agrega.