El reciente anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha generado incertidumbre entre los casi 100,000 nicaragüenses que llegaron al país desde enero de 2023 bajo el programa de parole humanitario.
Según Estados Unidos, no habrá una prórroga para aquellos que recibieron un permiso temporal de residencia y trabajo por dos años.
Esto significa que, una vez que estos permisos expiren, los beneficiarios deberán buscar alternativas legales para permanecer en Estados Unidos, regresar voluntariamente o enfrentar la posibilidad de ser expulsados.
Sin embargo, la situación es aún más compleja para los nicaragüenses, quienes podrían enfrentarse a un retorno imposible debido a la política represiva del régimen Ortega-Murillo.
¿Qué ocurrirá con los nicaragüenses si no pueden regresar?
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha implementado una política de destierro que se aplica a aquellos que salen del país sin el consentimiento del Estado.
En los últimos años, el régimen ha utilizado esta táctica para silenciar a disidentes y críticos del gobierno, negándoles la posibilidad de regresar a Nicaragua y, en muchos casos, despojándolos de su nacionalidad.
Esta política coloca a los nicaragüenses que se encuentran en Estados Unidos bajo el parole en una situación extremadamente vulnerable.
Si no pueden regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos y la dictadura les niega el regreso, los nicaragüenses podrían encontrarse atrapados en un limbo migratorio, sin un país al que puedan llamar hogar.
El parole: una vía sin retorno
El programa de parole humanitario fue lanzado por el gobierno de Estados Unidos en octubre de 2022 para venezolanos y ampliado en enero de 2023 para incluir a nicaragüenses, cubanos y haitianos.
Bajo este esquema, los beneficiarios reciben un permiso de residencia y trabajo temporal por hasta dos años, pero no una vía directa para la residencia permanente.
Con la reciente confirmación del DHS de que no habrá prórrogas, los nicaragüenses deberán explorar otras alternativas para regularizar su estatus, como solicitar asilo, aunque el proceso es largo y complicado.
Una portavoz del DHS explicó: “Aquellos que no tengan beneficios de inmigración pendientes o a quienes no se les haya concedido un beneficio de inmigración durante su período de dos años de libertad condicional tendrán que salir de los Estados Unidos antes de que expire su periodo de libertad condicional autorizado o podrán ser sometidos a un procedimiento de expulsión”.
Desde 2018, tras el estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua, la dictadura Ortega-Murillo ha intensificado la represión contra los ciudadanos que critican al gobierno.
En los últimos años, más de 450 personas, incluidos opositores, activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, han sido despojadas de su nacionalidad y de sus bienes por decisiones arbitrarias de los tribunales de Managua.
El caso de los nicaragüenses bajo el parole en Estados Unidos plantea un nuevo desafío. Si el régimen niega su regreso, se corre el riesgo de que estos ciudadanos queden apátridas y sin un lugar al que puedan regresar.
El destierro forzoso, según el derecho internacional, es considerado una grave violación a los derechos humanos y, en este caso, podría exacerbar la crisis humanitaria que enfrentan los nicaragüenses que se encuentran en el extranjero.
