En Nicaragua “se violan todos los derechos humanos de forma escandalosa” y el presidente del país, Daniel Ortega, “no está dispuesto a dialogar” con quienes piden un cambio, afirmó este miércoles el excanciller nicaragüense Norman Caldera en España.
Caldera viajó para conocer las iniciativas que se impulsan en este país en materia de justicia internacional.
“La única salida que le queda a Nicaragua es la justicia internacional”, señaló Caldera, quien vive exiliado en Estados Unidos tras ser desnacionalizado por el régimen en 2023.
En una entrevista con la agencia EFE, aclaró que su viaje a España no fue sólo para ofrecer su punto de vista en la Jornada sobre Crímenes Internacionales en la que participó, sino también “para escuchar a los abogados españoles que están buscando salidas al sufrimiento de seis millones de nicaragüenses”.
En su opinión, el derecho internacional es una herramienta crucial “para cambiar la correlación de fuerzas y conseguir que Ortega se disponga a negociar”.
Caldera, quien también fue ministro de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua, lamentó “la saña” con la que el régimen de Ortega y Murillo está llevando a cabo “matanzas, desapariciones, confiscaciones, detenciones ilegales y persecuciones”.
A pesar de la represión, Caldera descartó “la lucha armada porque Nicaragua ya sufrió demasiado con la revolución sandinista, que acabó siendo una gran estafa”.
Por ello, considera que es necesario buscar salidas pacíficas, que “siempre pasan por el diálogo. Pero para dialogar hacen falta dos partes y Daniel Ortega se niega a dialogar”.
Caldera ve en la justicia internacional una salida viable, similar a la que emprendieron algunos países, como Argentina, donde el juez Ariel Lijo abrió una investigación penal contra Ortega y la vicepresidenta Rosario María Murillo por presuntos delitos de lesa humanidad.
En España, el Grupo Iberoamericano para la Justicia Internacional está considerando denunciar a Ortega ante la Corte Penal Internacional, como ya hizo su director jurídico, Blas Jesús Imbroda, con el dictador venezolano Nicolás Maduro, en colaboración con la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega.
Tras participar en el ciclo de conferencias sobre crímenes internacionales celebrado en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, donde se discutieron los casos de Nicaragua y Venezuela, Imbroda reconoció a EFE que las situaciones de estos dos países son diferentes, ya que Venezuela es miembro de la Corte Penal Internacional, pero Nicaragua no.
A pesar de esta diferencia, tanto Imbroda como Caldera consideran que es posible proceder por esta vía, ya que hay precedentes de países que no forman parte de este tribunal internacional y fueron denunciados ante él.
Caldera expresó su decepción respecto a la presión internacional sobre la dictadura de Nicaragua.
“A pesar de las muchas acciones hostiles de Ortega y de haber insultado y expulsado a muchos embajadores, los países se limitan siempre a lamentarlo, en una colección de cartas con las que ya podríamos construir un muro de las lamentaciones”.
“No hay voluntad política -agregó- porque, incluso cuando los nicaragüenses salieron a la calle y el régimen reprimió las protestas provocando más de 300 muertos, la reacción internacional se quedó, lamentablemente, en el lamento”, dijo.