Durante la 54ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Fundación para la Libertad de Nicaragua hizo un llamado a la comunidad internacional reunida en ese foro a tomar medidas urgentes en defensa de los derechos humanos del pueblo nicaragüense, ante el aumento de la represión por parte de la dictadura sandinista
En este evento celebrado en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, se presentaron abundantes informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Nicaragua.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, informó que 71 personas se encuentran detenidas arbitrariamente en Nicaragua, sin juicios justos ni garantías procesales.
Entre ellas, el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión sin juicio alguno junto a siete sacerdotes más. Türk lamentó la falta de respuesta del
Gobierno nicaragüense a las comunicaciones internacionales y su negativa a cooperar con organismos internacionales.
El Grupo de Expertos sobre Nicaragua también denunció un aumento de la represión política, la persecución de disidentes y la vigilancia intensificada.
Muchos defensores de derechos humanos, periodistas, sacerdotes y opositores han abandonado el país, enfrentando la privación de nacionalidad y la confiscación de bienes, mientras que sus familiares en Nicaragua sufren intimidación.
Félix Maradiaga, presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, expresó su preocupación ante las delegaciones internacionales por las graves violaciones de derechos humanos en el país.
Señaló que la persecución a la libertad religiosa ha alcanzado niveles sin precedentes, con el cierre de universidades y la privación de servicios humanitarios ofrecidos por organizaciones cívicas.
Maradiaga instó a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas para detener estas atrocidades mandadas por los dictadores Daniel Ortega, Rosario Murillo, su familia y funcionarios a sueldo del régimen.
La Fundación Libertad anunció que el 20 de septiembre presentará una denuncia detallada sobre la persecución religiosa y las violaciones a la libertad académica en Nicaragua durante el Examen Periódico Universal (EPU) ante la ONU en Ginebra.
La situación en Nicaragua sigue siendo motivo de profunda preocupación a nivel internacional, desde el inicio de las protestas cívicas que el régimen aplastó con policías, militares, paramilitares y armas de guerra que provocaron 355 muertes, más de 2,000 heridos, miles de detenidos, torturados y desaparecidos, así como cientos de miles de exiliados.
Por esas razones diversas organizaciones de derechos humanos y países democráticos acusan a Ortega y Murillo de la comisión de crímenes de lesa humanidad.