Exfiscal de Honduras reta al Congreso a hacer públicas las investigaciones en su contra

Johel Zelaya, destituido como fiscal general de Honduras tras un juicio político en marzo de 2026, autorizó que las investigaciones en su contra sean públicas. También exigió esclarecer un expediente por lavado de activos que, según afirmó, involucra a actores políticos.

Johel Zelaya, exfiscal general de Honduras.

El exfiscal general de Honduras, Johel Zelaya, desafió a quienes promueven acciones penales en su contra y pidió que las investigaciones se desarrollen públicamente. En un pronunciamiento, aseguró que no se esconderá y defenderá sus derechos.

“Si deciden proceder, aquí estoy”, expresó Zelaya, quien también pidió a una diputada suplente que autorice la publicación de las investigaciones relacionadas con ella.

El exfuncionario sostuvo que la justicia debe actuar sin distinciones por cargo, partido político o poder económico. Además, rechazó que las investigaciones sirvan para perseguir adversarios o proteger aliados.

Pide esclarecer expediente sobre lavado de activos

Zelaya también exigió concluir conforme a derecho el caso 52 UFECIC, 002-2017, relacionado con presunto lavado de activos.

Según el exfiscal, el expediente incluía investigaciones sobre supuestos vínculos de la diputada suplente con personas señaladas en casos de narcotráfico, lavado de activos y asesinatos múltiples.

Sin embargo, sus declaraciones no constituyen una confirmación judicial de esas presuntas relaciones. Zelaya afirmó que su salida del Ministerio Público coincidió con avances importantes en ese caso.

Su destitución profundizó la disputa institucional

Zelaya llegó a la Fiscalía General en noviembre de 2023, cuando una Comisión Permanente del Congreso, integrada mayoritariamente por representantes oficialistas (Libertad y Refundación, de izquierda), lo nombró de forma interina. La oposición cuestionó entonces la legalidad del procedimiento.

En febrero de 2024, el pleno legislativo lo ratificó en propiedad con 110 votos. Sin embargo, el Congreso lo destituyó el 25 de marzo de 2026, tras un juicio político aprobado con 93 votos.

El exfiscal también cuestionó “la doble moral” de quienes exigen investigar a determinados funcionarios, pero, según él, guardan silencio ante otros señalamientos. No obstante, insistió en que no reclama inmunidad, sino igualdad ante la ley.

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