El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua expresó este lunes su preocupación ante una enmienda constitucional aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional, que otorga la dictadura Ortega-Murillo poderes prácticamente ilimitados y elimina garantías fundamentales para la población.
La reforma, sancionada el 22 de noviembre, amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, eleva el papel de la vicepresidencia al de “copresidencia” —cargo ocupado por Rosario Murillo, esposa de Ortega—, y elimina la prohibición constitucional de censurar a los medios de comunicación. Además, permite la suspensión de derechos fundamentales durante estados de emergencia y facilita la intervención militar en acciones policiales internas bajo el pretexto de “estabilidad del Estado”.
“Esta reforma parece buscar la legalización de un control total del poder por parte del régimen, desmantelando cualquier vestigio de democracia”, afirmó Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos, quien calificó el cambio como un golpe a la independencia de los poderes del Estado.
Simon advirtió que la nueva redacción sustituye el término “poderes” por “órganos”, señalando que éstos serán coordinados directamente por la Presidencia.
“El lenguaje impreciso en la reforma permite una interpretación amplia y arbitraria, eliminando cualquier control mutuo entre los órganos del Estado”, explicó Jan-MIchael Simon.
Impacto en derechos fundamentales
El Grupo de Expertos destacó que la eliminación de la prohibición de censura y del principio de respeto a la dignidad humana representa un grave retroceso para los derechos fundamentales.
“El régimen, que ya había desmantelado el periodismo independiente, ahora elimina formalmente la protección constitucional contra la censura, lo que pone en riesgo aún mayor la libertad de expresión”, afirmó Simon. “Además, al suprimir la dignidad humana como principio constitucional, Nicaragua se alinea contra el consenso internacional que considera la dignidad como pilar fundamental de los derechos humanos”.
Los expertos de la ONU hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional para que exija al régimen de Ortega el restablecimiento de la separación de poderes y el cumplimiento de principios democráticos, así como el respeto a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
“La reforma constitucional tiene consecuencias nefastas para el pueblo nicaragüense y formaliza la consolidación de un régimen autoritario que desprecia las normas democráticas fundamentales”, concluyó Simon.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua fue creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022 para investigar violaciones de derechos humanos cometidas en el país desde 2018.