El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, denunció este jueves que hubo una campaña de desprestigio contra el Ministerio Público y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que fue pagada en bitcoin hasta por un equivalente de $350 mil.
“Recibo mucha información, es información de inteligencia; incluso, tengo los pantallazos, donde se hace el ofrecimiento y se dice que, por el término de una hora, se hace un ofrecimiento, una granja”, denunció Díaz ante los diputados de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos.
“Esto es más de $350.000. Son $350.000 en una campaña. Obviamente, lo hacen muy bien, saben cómo hacerlo; rastrearlo es casi imposible. Esto es lo que genera este tipo de campañas, este pago exagerado, que no sé quién lo hace tampoco, pero la campaña es muy puntual para desprestigiar”, subrayó el fiscal general.
Según Díaz, seis bitcoins fueron pagados para desprestigiar a ambas instituciones.
“Estamos hablando de una campaña muy puntual, con un objetivo claro de dañar la reputación de estas entidades”, señaló el fiscal, advirtiendo sobre la magnitud y sofisticación de los pagos realizados para ejecutar dichas acciones.
Durante su intervención ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, el fiscal Díaz reveló que, según información de inteligencia, se habría utilizado la criptomoneda para financiar una campaña contra el Ministerio Público y contra la resolución de la Sala Constitucional sobre la Ley Jaguar, la cual fue declarada inconstitucional.
Señalamientos a Chaves
El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, solicitó al gobierno del presidente Rodrigo Chaves y a la diputada oficialista Pilar Cisneros que comprueben el origen de los fondos utilizados para financiar campañas de desprestigio contra instituciones públicas, insinuando que estos podrían provenir del narcotráfico.
Robles no solo exigió respuestas sobre el uso de bitcoins, sino que también planteó dudas sobre la baja incautación de cocaína en el país durante 2024, a pesar de contar con escáneres de última tecnología en los puertos.
Robles cuestionó el rol de la Unidad Especial de Intervención (UEI) en el manejo de estos equipos, sugiriendo una posible manipulación de los mismos, lo que habría permitido el paso de grandes cargamentos de droga hacia Europa.
“El año 2024 está siendo el de menor decomiso de cocaína en la última década, a pesar de los recursos destinados a la detección. Es necesario que se aclare si los fondos utilizados para las campañas de desprestigio provienen de actividades ilícitas, como el narcotráfico”, expresó el legislador, instando al oficialismo a demostrar la legitimidad de los fondos involucrados.
Robles subrayó la importancia de investigar a fondo estas acusaciones, dado el riesgo que representan para la estabilidad y credibilidad de las instituciones costarricenses.
¿Qué es la Ley Jaguar?
La Ley Jaguar, debatida en la Asamblea Legislativa, fue un proyecto impulsado por el gobierno del presidente Rodrigo Chaves, cuyo objetivo principal era reducir el poder de fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR).
Se enfocaba, particularmente, en evitar el control previo de contratos públicos y grandes proyectos de infraestructura como la “Ciudad Gobierno” y una marina en Limón.
La intención del gobierno era agilizar estos proyectos evitando los procedimientos de licitación y supervisión habituales por parte de la CGR, lo que, según la administración Chaves, entorpecía el desarrollo del país.
Sin embargo, la Sala Constitucional de Costa Rica (conocida como Sala IV) declaró inconstitucionales varios artículos clave de la ley, argumentando que estos violaban principios establecidos en la Constitución, particularmente aquellos relacionados con la transparencia y la fiscalización en la contratación pública.
Específicamente, la Sala IV consideró que la ley afectaba las atribuciones de la CGR, debilitando su capacidad de supervisar actos y contratos del Estado, lo cual contravenía los controles necesarios para evitar actos irregulares en la gestión de recursos públicos(
La propuesta fue rechazada en dos ocasiones por la Sala Constitucional, en ambas versiones de la ley, lo que complicó las aspiraciones del gobierno de llevar el proyecto a referéndum. Esta decisión fue celebrada por la CGR y diversos sectores que advertían sobre los riesgos de debilitar los mecanismos de control en la contratación pública.
Luego, comenzó la campaña contra los magistrados y fiscales.
“Estamos hablando de una campaña muy puntual, con un objetivo claro de dañar la reputación de estas entidades”, señaló el fiscal, advirtiendo sobre la magnitud y sofisticación de los pagos realizados para ejecutar dichas acciones.
Preocupación por posibles vínculos con el narcotráfico
La utilización de bitcoins en estas campañas ha generado preocupación, debido a la dificultad que implica rastrear los movimientos de esta criptomoneda.
Al no estar regulada por una entidad central, los pagos realizados con bitcoins pueden ser anónimos y difíciles de vincular a una fuente específica.
Esto aumenta las sospechas de que fondos ilícitos podrían estar siendo utilizados para influir en la política y en la opinión pública del país.
El debate sobre el uso de recursos digitales para financiar campañas políticas ha avivado las tensiones entre el gobierno y la oposición, en un momento en que Costa Rica enfrenta desafíos importantes en materia de transparencia y lucha contra el narcotráfico.
Las investigaciones sobre estas denuncias continúan, mientras los sectores políticos y ciudadanos exigen claridad y responsabilidad en el manejo de los fondos públicos y en la protección de las instituciones democráticas del país.