El gobierno de Panamá ha puesto sobre la mesa como condición el cierre de todos los arbitrajes internacionales que suman más de $27,000 millones para considerar la reactivación de la controversial mina conocida como Cobre Panamá, según informó el Ministerio de Comercio e Industrias.
El ministro de Comercio, Julio Moltó, afirmó este martes durante una entrevista en “Telemetro Reporta” que, como parte de las negociaciones para considerar la reactivación de la mina Cobre Panamá, han pedido que se den por cerrados todos los arbitrajes internacionales que suman más de $27,000 millones.
Moltó recordó que el mismo presidente José Raúl Mulino ha aclarado que no habrá concesión en este proceso de reactivación, sino que se aplicará una “figura jurídica” que van a definir y que luego darán a conocer al alcanzar un acuerdo con Minera Panamá.
“Tenemos que comenzar a conversar, si bien es cierto nosotros tenemos algunas ideas, que muchas están plasmadas en el documento público que le entregamos al señor presidente, tenemos que comenzarlas a conversar con la contraparte para poder llegar a las negociaciones”, dijo.
Asimismo, dijo que una de las cosas más importantes que defienden en la negociación es justa el cierre de los arbitrajes, que la reactivación sea “autofinanciable”, sumado a los beneficios “que deben llegarle a todos los panameños” en trabajo y en la economía.
Explicó que el total de los arbitrajes era de poco más de $30,000 millones, pero que uno de ellos, fue cerrado sin posibilidad de reabrirse por más de $2,000 millones, lo que, dejó un saldo de $27,000 millones. Aunque, eso lo considera algo positivo, insiste en que se deben cerrar todos los demás arbitrajes.
Moltó aseguró que las negociaciones con la empresa no tendrían que iniciar después del lunes de la próxima semana, pero sí aclaró que “no se ha aprobado absolutamente nada, ninguna reapertura”, sino que se iniciarán conversaciones, pero no hay nada seguro aún.
El inicio de las conversaciones fue anunciado ayer por el presidente Mulino, quien conformó también un equipo interministerial para realizar las negociaciones. Los cinco principios de las negociaciones son: propiedad estatal de los minerales, máximo beneficio económico, respeto a la soberanía, protección ambiental y cumplimiento de las leyes panameñas.
