El presidente costarricense Rodrigo Chaves anunció el pasado 11 de diciembre una denuncia penal contra la empresa china Huawei por delitos de estafa, cohecho propio (soborno), tráfico de influencias e influencia contra la hacienda pública.
Chaves dijo que el caso que implica al apoderado de Huawei Technologies Costa Rica, Yang Peng, así como Ana Sofia Machuca Flores, auditora interna del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y otros funcionarios de esa institución, “es uno de los escándalos de corrupción más descarados y grandes que hemos visto en esta patria” y aseguró que “este gobierno no deja pasar estas cosas”.
Según el escrito presentado, las personas denunciadas están involucradas en contratos que firmaron en los últimos 10 años en favor del gigante chino de telecomunicaciones, quien tiene la mayor operación de las redes 3G y 5G de la institución.
El caso de Costa Rica no es único. La multinacional de la República Popular China ha enfrentado acusaciones similares en países de África, Asia, Oceanía, Europa, así como en Canadá y Estados Unidos.
En una entrevista, Jacob Helberg con el Consorcio Internacional de periodistas, asesor principal del Centro de Geopolítica y Tecnología de la Universidad de Stanford, dijo que las acciones de Huawei han sido aún peores. Dijo que el extenso historial de la compañía de ofrecer sobornos a líderes políticos ha distorsionado el mercado.
“Otras empresas de telecomunicaciones que quieren competir con estos actores respaldados por el Estado como Huawei están bajo mucha presión para participar en prácticas similares con el fin de ser competitivas”, dijo Helberg.
Según Andy Keizer, un ex miembro del personal del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en los últimos años, Huawei y su rival chino más pequeño, ZTE, han sido “investigados o declarados culpables de corrupción” en hasta 21 países,
Estos incluyen una docena de países africanos como Argelia y Ghana, así como las Filipinas, Malasia, Noruega, Papúa Nueva Guinea, Mongolia, las Islas Salomón y la propia China, según Keizer.
“ZTE y Huawei han desarrollado dudosas reputaciones en todo el mundo”, declaró Keizer ante el Congreso en junio pasado.
En África
En al menos tres países africanos, la firma china Huawei ha sido acusada de pagar sobornos a funcionarios públicos a cambio de contratos.
De ahí que en Argelia, en el norte de África, se le prohibió participar en licitaciones de contratos públicos después de que uno de sus ejecutivos fuera condenado por soborno.
En Zambia, la empresa fue investigada por acusaciones de soborno relacionadas con un contrato multimillonario para construir torres de telefonía celular en áreas rurales.
Y en junio de 2020,uUna concejala de la capital de Namibia afirmó que un político local le ofreció un soborno para garantizar que el gigante tecnológico chino Huawei ganara un contrato exclusivo para construir la red de telecomunicaciones 5G en Windhoek, la capital namibia. Brunhilde Cornelius hizo las acusaciones en una declaración jurada que presentó ante la policía.
Además, en las Islas Salomón, en Oceanía, a Huawei se la acusó de ofrecer millones de dólares al partido gobernante a cambio de un contrato de cable submarino de fibra óptica.
Fraude financiero en Estados Unidos
En diciembre de 2018, las autoridades canadienses detuvieron a Meng Wanzhou en Vancouver, en cumplimiento de una orden de arresto provisional emitida de conformidad con la legislación canadiense. El gobierno estadounidense estaba solicitando la extradición de Meng a Estados Unidos. Finalmente, tras casi tres años de arresto domiciliario en Canadá, la directora financiera de Huawei -e hija del fundador del gigante tecnológico chino- fue liberada y viajó a China tras años de tensiones diplomáticas sobre su caso. Meng Wanzhou fue detenida bajo acusaciones de fraude en diciembre de 2018 a petición de Estados Unidos, cuando llegó a Canadá, y este viernes se anunció que ella y las autoridades estadounidenses habían llegado a un acuerdo para suspender el proceso judicial por fraude contra ella.
Precisamente, en 2019, en Estados Unidos, tras una investigación realizada por el Grupo de Trabajo El Dorado de Nueva York de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), se presentó una acusación formal por fraude financiero de 13 cargos que acusa a cuatro personas, todas ellas afiliadas a Huawei Technologies Co. Ltd. (Huawei). Entre los acusados figuran Huawei y dos filiales de Huawei: Huawei Device USA Inc. (Huawei USA) y Skycom Tech Co. Ltd. (Skycom), así como el director financiero de Huawei, Wanzhou Meng (Meng).
Huawei y Skycom están acusados de fraude bancario y conspiración para cometer fraude bancario, fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para violar y violaciones sustanciales de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) y conspiración para cometer lavado de dinero. Huawei y Huawei USA están acusados de conspiración para obstruir la justicia en relación con la investigación del gran jurado en el Distrito Este de Nueva York. Meng está acusada de fraude bancario, fraude electrónico y conspiración para cometer fraude bancario y electrónico.
El caso penal se encamina hacia un juicio en enero de 2026.
En Europa
En febrero de 2024, las oficinas francesas del gigante chino de telecomunicaciones Huawei fueron allanadas esta semana bajo sospecha de comportamiento indebido. La conducta inapropiada puede incluir delitos como la corrupción y el tráfico de influencias.
Las redadas se llevaron a cabo como parte de una investigación preliminar iniciada por el servicio de procesamiento financiero de Francia (PNF).
En junio del año pasado, la Comisión Europea advirtió que Huawei y otro gigante chino de las telecomunicaciones, ZTE, representan un riesgo para la seguridad de la UE.
Además de todas las acusaciones de soborno, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido Australia y Nueva Zelanda han prohibido a la empresa construir nuevas redes de telecomunicaciones 5G de última generación alegando preocupaciones de seguridad nacional y espionaje, un argumento similar al que dio el gobierno de Costa Rica para no permitir que las empresas chinas participaran en la licitación de esa red.