Al menos 917 agresiones han sido perpetradas contra la Iglesia Católica por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo entre abril de 2018 y diciembre de 2024, según documenta la VI entrega del informe “Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?”, elaborado por la abogada nicaragüense Martha Patricia Molina Montenegro.
El estudio no solo detalla la magnitud de los ataques, sino que también pone en evidencia el deterioro de la libertad religiosa y otros derechos fundamentales bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Estos datos confirman que la dictadura en Nicaragua ha llegado a su límite de desenfreno racional, lo cual se traduce en una entidad con poder político sin saber qué hacer con él mismo. Ha perdido la brújula de la racionalidad, por tanto, ahora acelera su megalomanía pensando que todo está bajo su control, que todo lo que hace debe ser obedecido, y no hay valoración critica de su actuar. Lo más trágico es que lo poco que piensa el grupo dictatorial, no le sirve para su existencia”, dice la Dra. Molina en la introducción del informe de cinco capítulos.
El informe confirma que cuatro obispos nicaragüenses han sido obligados al exilio, entre ellos Monseñor Silvio José Báez, exiliado en 2019 tras amenazas de muerte, y Monseñor Rolando Álvarez, quien fue condenado injustamente a 26 años de prisión antes de ser desterrado a Roma.
Además, actualmente, 266 religiosos viven fuera del país, víctimas de amenazas, secuestros y la retirada arbitraria de su nacionalidad, una acción que viola el artículo 20 de la Constitución nicaragüense.
Prohibición de actividades religiosas
Según el estudio, las agresiones se clasifican en siete categorías, que incluyen represión directa a religiosos, ataques a templos, confiscaciones, y mensajes de odio promovidos desde el poder.
El informe documenta actos de terrorismo estatal, como asedios a templos, cortes de servicios básicos, y la prohibición de más de 11,700 actividades religiosas desde 2019. Además, los mensajes de odio promovidos por Ortega y Murillo han generado un ambiente hostil que justifica agresiones contra clérigos y fieles, mientras la impunidad reina.
El estudio detalla que en el 2018 la dictadura Ortega-Murillo cometió 93 hostilidades en contra de la Iglesia Católica. Durante los años 2019, 2020 y 2021 se realizaron menos agresiones respecto al 2018 registrando cifras de 88, 64 y 56 respectivamente. En el 2022, las embestidas incrementaron a 172. En el 2023, dichos actos sumaron un total de 321 agresiones y en el 2024, se han realizado 177 agresiones.
Agresiones
La Arquidiócesis de Managua es la que mayor cantidad de agresiones ha sufrido (301). En segundo lugar, el estudio documenta 206 acometidas que por la generalidad y tipo de ataque afecta a la Iglesia Católica de Nicaragua en general. En tercer lugar, se encuentra la Diócesis de Matagalpa con 186 agresiones, seguida por las Diócesis de Estelí (79), Diócesis de Granada (73) y Diócesis de León (58).
Las diócesis que han reportado menos agresiones son: Jinotega, Siuna y Bluefields con 32, 11 y ocho ataques respectivamente. La Diócesis de Juigalpa ocho. Finalmente se documentan nueve ataques en contra del Estado Vaticano.
La represión a Religiosos/as incluye amenazas de muerte, difamaciones públicas, agresiones verbales y físicas, asedios, persecuciones. Exilios, expulsiones y pérdida inconstitucional de la nacionalidad de religiosos, secuestros, encarcelamientos y procesos judiciales ante el Sistema de Justicia de Nicaragua. Se han recopilado 348 agresiones hacia este grupo.
La represión de la dictadura nicaragüense ha hecho que la Conferencia Episcopal de Nicaragua haya optado por el silencio público para evitar nuevas represalias. Este mutismo forzado ilustra la gravedad de la situación, donde cualquier acto de resistencia es castigado con dureza, según el informe.
De acuerdo con el estudio, se han cometido 348 actos de represión a religiosos, 244 ataques, asedios, impedimentos, prohibiciones y actos terroristas a templos/edificios de religiosos/as, 101 robos y profanaciones, 97 actos de represión a laicos, 88 pintas y mensajes de odio; 74 cierres de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), medios de comunicación, proyectos y obras sociales y 19 confiscaciones.
El estudio de Molina no deja dudas: la dictadura Ortega-Murillo ha utilizado el poder estatal para destruir sistemáticamente los derechos humanos y religiosos. La Iglesia Católica, que alguna vez fue un bastión de esperanza para el pueblo nicaragüense, enfrenta ahora el desafío de resistir en medio de una persecución implacable.
266 religiosos obligados al exilio
El estudio documenta que 266 religiosos y religiosas católicas han sido obligados a vivir en el exilio, de los cuales 167 son varones (obispos, sacerdotes, diáconos y seminaristas) y 99 mujeres (monjas o religiosas).
De los 266 religiosos/as obligados al exilio, uno es Nuncio, cuatro obispos, 146 sacerdotes pertenecientes a diferentes Diócesis del país, tres diáconos, 13 seminaristas y 99 religiosas.
De los 266 religiosos/as obligados a no seguir en Nicaragua: 51 varones fueron desterrados. Diez varones y 86 mujeres fueron expulsados/as, además a 35 hombres y 13 mujeres se le prohibió el ingreso al territorio nacional.
Al menos 71 sacerdotes fueron obligados a exiliarse porque su vida corría peligro en el país debido a que policías, paramilitares, miembros del Consejo del Poder Ciudadano (CPC) y alcaldes los estaban asediando y amenazando con cárcel o muerte.
Además, Dos obispos, catorce sacerdotes, un diácono, 2 seminaristas y 12 laicos han sido despojados arbitrariamente de la nacionalidad y desterrados a diferentes países, entre ellos Estados Unidos, Roma y Guatemala.
Reformas amenazantes
Además, el informe advierte que en noviembre de 2024, el régimen aprobó una reforma constitucional que redefine las relaciones entre el Estado y las iglesias. Aunque los artículos reformados aparentan garantizar la libertad de culto, su interpretación y aplicación discrecional fortalecen el control estatal sobre las actividades religiosas.
Según el estudio, las reformas proponen una ruptura definitiva entre el Papa, Sumo Pontífice y los miembros de la Iglesia Católica Nicaragüense. Al parecer, con esas reformas se puede crear una iglesia paralela que no esté en comunión con el Papa. Todo lo que se propone en la reforma constitucional tendrá que ser reglamentado y desarrollado en leyes específicas. El poder discrecional del que gozan los dictadores Ortega-Murillo considerara agresión cualquier opinión emitida por el Papa Francisco, cardenales u obispos extranjeros y los dictadores de Nicaragua podrán ejecutar acciones necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de esa disposición.