Tras consumarse la confiscación de facto de la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús rechazó las acusaciones contra la casa de estudios y señaló al régimen sandinista de profundizar la crisis en ese país centroamericano al atizar “un clima de violencia e inseguridad”.
Después de varios días de haber congelado sus cuentas y embargar sus bienes, la dictadura finalmente acusó penalmente a la universidad y sus directivos de
promover el terrorismo y ordenó confiscar el recinto y abrir causa judicial a los jesuitas a cargo.
Ante ello, la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús emitió un comunicado donde rechazó las imputaciones de una juez del régimen: “son
totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones en contra de la Universidad Jesuita de Nicaragua contenidas en el oficio emitido por el Décimo Distrito Penal de Audiencias, Circunscripción Managua, el I5 de agosto del 2023, en el que se le califica como ‘Centro de terrorismo’ y se le imputa de haber ‘traicionado la
confianza del pueblo nicaragüense’ y de ‘haber transgredido el orden constitucional, el orden jurídico y el ordenamiento que rige a las instituciones de la Educación Superior del país’”.
Para la institución jesuita, con sede en El Salvador, esta nueva agresión gubernamental en contra de la Universidad “no es un hecho aislado; forma parte de
una serie de ataques injustificados en contra de la población nicaragüense y de otras instituciones educativas y sociales de la sociedad civil que están generando un clima de violencia e inseguridad y agudizando la crisis sociopolítica del país”.
Los jesuitas argumentan que a partir de abril de 2018, como consecuencia de su postura en defensa de la vida de las personas que estaban siendo reprimidas por
fuerzas estatales y parapoliciales, la UCA ha venido siendo objeto de constante asedio, acoso y hostigamiento de parte de las instituciones gubernamentales nicaragüenses”.
Un asalto político
Para los jesuitas, el asalto a su institución se trata de una política gubernamental “que está violando sistemáticamente los derechos humanos y parece estar orientada a consolidar un Estado totalitario”.
Al final, la Compañía de Jesús llama a que se le permita a su Universidad “ejercer su derecho irrenunciable a la legítima defensa en contra de dichas acusaciones”.
Los jesuitas reiteran su apoyo a la comunidad jesuita de Nicaragua y responsabilizan a la dictadura de todos los daños en contra del alumnado, del personal docente, administrativo y demás trabajadores-as de la Universidad y del patrimonio cultural de dicho país que se deriven de semejante acusación injustificada y de la orden de incautación de todos los bienes inmuebles, muebles y del patrimonio económico de la Universidad a favor del Estado de Nicaragua.
La toma de la Universidad ha causado conmoción a nivel nacional e internacional, por ser uno de los últimos centros de pensamiento independiente que quedaba en
Nicaragua, tras la confiscación, anulación, robo y despojo de instituciones de la sociedad civil, universidades privadas, medios de comunicación, empresas y oficinas religiosas.
Voces y organizaciones denuncian el nuevo atropello de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalados como autores de crímenes de lesa humanidad por la matanza de 355 personas, más de 2,000 heridos, cientos de detenidos, torturados y desaparecidos y más de 700,000 exiliados.
Una de ellas es la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en sus redes sociales condenó la confiscación y acusaciones penales contra la UCA.